Sentenciado a 2 años y ocho meses de prisión por hurto

Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas), 21 de febrero de 2025.- Con base en las pruebas expuestas por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Garantías Penales que conoció el caso sentenció a Bryan Andrés D. a dos años y ocho meses de prisión como autor directo del delito de hurto.

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá pagar una multa de ocho salarios básicos unificados y 2.500 dólares como reparación integral a favor del GAD Municipal de Santo Domingo.

Durante la audiencia de juicio, la Fiscal del caso explicó que el delito ocurrió la noche del 14 de diciembre de 2023, en el sector La Virgen, en la intersección de las calles Galápagos, Av. Quevedo y Pedro Vicente Maldonado, en Santo Domingo.

Bryan Andrés D.‒ junto a otra persona que se encuentra prófuga‒ cortó con un estilete y sustrajo cables eléctricos pertenecientes a la obra de un paso a desnivel.

Dos agentes municipales, que presenciaron el hecho, intentaron impedir que ambos involucrados huyeran, logrando inmovilizar únicamente a Bryan Andrés D., quien cortaba los cables desde el interior de una alcantarilla.

Tras la alerta al ECU 9-1-1, agentes policiales llegaron al sitio y aprehendieron al ahora sentenciado en circunstancia flagrante.

Fiscalía sustentó su acusación con los testimonios de los agentes aprehensores, de los agentes municipales y de un funcionario del Municipio de Santo Domingo, quien presentó un informe detallando la cantidad y el valor del material sustraído, estimado en 2.300 dólares.

También, se presentó el informe del reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, así como las copias certificadas del contrato de construcción del paso deprimido afectado.

Información jurídica

El delito de hurto está tipificado en el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de seis meses a dos años de pena privativa de libertad. Este caso fue procesado con base en el inciso segundo de dicho artículo, que señala que, cuando el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en un tercio. (FGE)