La justicia ecuatoriana sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad con la pérdida de sus derechos políticos por dos años y una multa económica tras una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld por violencia política de género.
El juez Guillermo Ortega emitió el jueves 27 de febrero de 2025 la sentencia en el caso de violencia política de género impulsado por la canciller Gabriela Sommerfeld contra la vicepresidenta Verónica Abad. La decisión judicial establece la suspensión de los derechos de participación política de Abad durante dos años y una multa de 30 salarios básicos.
Sanción por violencia política de género
Según la sentencia del juez Ortega, la vicepresidenta Verónica Abad incurrió en violencia política de género, al emitir expresiones que denigran a las mujeres, difundir información con el objetivo de menoscabar la imagen pública de la canciller Sommerfeld y limitar sus derechos políticos, impidiéndole ejercer su cargo en condiciones de igualdad.
El magistrado justificó la multa económica considerando la capacidad financiera y jerárquica de Abad, quien ostenta uno de los más altos cargos en el Ejecutivo. “El propósito central de la sanción económica es la disuasión y corrección de conductas”, señala la resolución.
Consecuencias de la sentencia para la vicepresidenta Verónica Abad
Para hacer efectiva la sanción, el juez Ortega dispuso el envío de la sentencia al Ministerio de Trabajo. Esta entidad deberá inscribir en sus registros la suspensión de los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad. Esto también implica un impedimento para ejercer cargo público mientras dure la suspensión.
A pesar del fallo en su contra, Abad aún puede recurrir la decisión ante el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), al tratarse de una sentencia de primera instancia.
Contexto del conflicto
El enfrentamiento entre Gabriela Sommerfeld y Verónica Abad ha sido uno de los episodios de mayor tensión dentro del gobierno actual. La canciller interpuso la denuncia en el marco de un contexto de diferencias y pugnas públicas con la vicepresidenta, quien ha mantenido una relación distante con el presidente Daniel Noboa desde el inicio de su gestión.
Este caso marca un precedente en la justicia ecuatoriana en cuanto a la aplicación de sanciones por violencia política de género, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años en el país. (EL DIARIO)
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