Quito (Pichincha).- Augusto V., Yadira S., Nicole B. y Eduardo F. son procesados como autores directos del presunto delito de asociación ilícita. Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, expuso de manera individualizada la presunta participación de cada procesado y detalló que los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2024 e inicios de 2025.
Como parte de la investigación, el 24 de enero del 2025, tras haber recibido una denuncia, se ejecutó un allanamiento en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), donde se incautaron teléfonos celulares de Augusto V., entre otros indicios. La información extraída de los dispositivos móviles habría revelado la presunta planificación y estrategias ilícitas para tomar del control de la institucionalidad del Estado.
En la diligencia, el Fiscal General subrogante señaló que los exconsejeros habrían utilizado su cargo para proyectar un control del Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas. Entre estos actos se incluiría la designación de autoridades afines a un partido político, como el Superintendente de Bancos.
Además, los ahora procesados habrían articulado una estrategia para dilatar decisiones de la justicia electoral, garantizarse impunidad y mantenerse en sus cargos, mediante maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias.
Fiscalía sustentó el inicio del proceso penal con varios elementos de convicción, entre ellos: el informe de extracción y materialización de chats obtenidos de los teléfonos celulares de uno de los procesados, el informe de informática forense, versiones de los denunciantes, el parte policial del allanamiento en el edificio del Cpccs, la inspección ocular técnica, el informe de reconocimiento de objetos e indicios y documentación (resoluciones, actas de Pleno, entre otros).
Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el Juez de la causa dictó presentación periódica cada quince días y prohibición de salida del país para Augusto V., Yadira S., Nicole B. y para Eduardo F.
Además, ordenó la retención de fondos para todos los procesados por el monto de 5.640 dólares, para garantizar el pago de una posible multa.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Información jurídica
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena de tres a cinco años de prisión. (FGE)
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