Caso Ligados llega a la Asamblea Nacional

Los chats extraídos por la Fiscalía del celular del exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, han puesto en evidencia el nexo que existiría entre el exconsejero y los miembros del buró de la Revolución Ciudadana (RC), incluida la presidenta actual de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz; lo cual será fiscalizado.

Desde la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, liderada por la gobiernista Inés Alarcón (ADN), se comenzará este 19 de marzo del 2025 un proceso de fiscalización sobre el caso Ligados, como se lo ha denominado judicialmente. Está confirmada la presencia de la Fiscalía General del Estado y de vocales y exvocales del Cpccs.

“Rechazamos el accionar de este partido político, donde se ve claramente el tráfico de influencias y cómo quieren dominar las diferentes instituciones, para dominar totalitariamente al país y eso no lo vamos a permitir”, afirmó Alarcón, quien recalcó que el objetivo de la fiscalización es determinar la responsabilidad política de los involucrados.

En el caso Ligados se investiga a tres exconsejeros de Participación Ciudadana relacionados con el correísmo: Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco; además de la consejera Nicole Bonifaz; por las irregularidades cometidas en la designación de la autoridad de la Superintendencia de Bancos.

El pasado 31 de enero, Verduga, Saltos y Franco fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras comprobarse que recibieron el auspicio del correísmo para su candidatura, lo cual está prohibido para este tipo de cargos.

Correísmo iba tras Superintendencia

Según los chats que el fin de semana hizo públicos la Fiscalía, Verduga mantenía comunicación con Rafael Correa (alias Ají con Mote); con el consejero destituido, Alembert Vera; y con el excandidato presidencial, Andrés Arauz; con quienes coordinaba para que en la Superintendencia de Bancos se posesione a Raúl González, a quien le habrían solicitado cargos a cambio.

Dentro de las conversaciones, se menciona en varias ocasiones a Viviana Veloz (RC), presidenta de la Asamblea Nacional, con quien se pondrían de acuerdo para decidir cuándo y a quién posesionar como superintendente de Bancos.

Para Valentina Centeno (ADN) es importante que en el seno del Legislativo se informe e investigue cuál era el objetivo de la RC para querer el control de la Superintendencia de Bancos; aunque este no era el único cargo del que se habló en los chats, también se analizaba a quien poner en la Defensoría Pública y en el Consejo de la Judicatura.

“Deben de darse respuestas de cuál es la finalidad de tomarse la entidad que regula el lavado de activos y la intención de tomarse la justicia”, recalcó Centeno, quien señaló que la decisión de analizar el caso en la Comisión de Seguridad se tomó porque la mesa de Fiscalización está en manos del correísmo; ahora esperan que el informe de la investigación pueda ser tratado en el pleno.

El rechazo al Cpccs

Para el asambleísta Rafael Dávila (Independiente), lo evidenciado por el caso Ligados solo confirma lo que desde la creación del Cpccs se sabe: que es un instrumento político para apoderarse de los órganos de control, por lo cual debería desaparecer.

Jorge Acaiturri (PSC) coincide en que los chats solo comprueban que es cierto lo que se ha dado por hecho: las organizaciones pugnan por el control del Cpccs, por la facultad de elegir autoridades, por lo que también cree que debería desaparecer y volver a los tres poderes que tienen la mayoría de las democracias del mundo: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde Construye, Jorge Peñafiel también pide la desaparición del Cpccs y que se trasladen las facultades de designación de las autoridades de control a la Asamblea Nacional, como era antes de la Constitución del 2008. (DIARIO MERCURIO)

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