Durán (Guayas), 24 de marzo de 2025.- Fiscalía procesa a Erika Estefanía E. F., Geovanna Stefanía V. R. y Juan Carlos T. M. (quien sería militar en servicio activo) por su presunta participación en un caso de extorsión. Habrían exigido a la víctima el pago de 30.000 dólares bajo amenazas contra su vida y la de su familia. La Policía Nacional logró su aprehensión durante un operativo.
El 22 de marzo de 2025, la Dirección Especializada en la Resolución de Casos de Secuestro y Extorsión (Unase) recibió la denuncia de un ciudadano que afirmaba ser víctima de un “vacunador”, quien inicialmente le exigió 10.000 dólares. Al continuar la comunicación con los extorsionadores, el monto exigido aumentó a 30.000 dólares.
Con la información proporcionada, la Policía montó un operativo y coordinó con la víctima la entrega de un sobre con dinero en la parte posterior de un local de comida rápida, cerca del Cementerio General de Durán. Cuando dos sospechosos, Erika Estefanía E. F. y Juan Carlos T. M., acudieron a recoger el dinero, fueron aprehendidos. Ambos indicaron a Geovanna Stefanía V. R. ‒quien también fue aprehendida‒, como la persona a la que debían depositar el dinero de la extorsión.
Según información policial, el presunto autor intelectual sería un privado de libertad en la Penitenciaría del Litoral, quien habría dado las órdenes a los sospechosos. Fiscalía prevé vincularlo al caso en los próximos días.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó elementos de convicción como el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores e investigadores, los mensajes de texto intimidatorios, los teléfonos celulares de los procesados y chips de diferentes operadoras de telefonía celular, entre otros.
El Juez de Garantías Penales que actuó en la audiencia acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los tres procesados, quienes fueron trasladados a la Penitenciaria del Litoral.
Información jurídica
El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185, inciso tercero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de siete a diez años. (FGE)
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