Quito (Pichincha), 10 de abril de 2025.- La Fiscalía General del Estado vinculó a once personas naturales y una jurídica al proceso por el presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos y fluviales, así como en el mar territorial. La formulación de cargos se llevó a cabo luego de que, en el desarrollo de la instrucción fiscal, se encontraran elementos que hacen presumir la participación de más individuos en los hechos investigados.
Luego de haber analizado las argumentaciones de los sujetos procesales y los elementos expuestos por el Fiscal del caso, el Juez dictó las siguientes medidas cautelares para Aquiles A., Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O. y Edgar C.: prohibición de salida de país, presentaciones periódicas (dos veces por semana) en la Fiscalía del lugar de residencia y colocación de dispositivos de vigilancia electrónica.
En el caso de Raúl Z., se dispuso su presentación en la dependencia consular de Ecuador en Nueva York. Adicionalmente, el Magistrado ordenó suspensión temporal de actividades para la empresa Harsajudi S. A. La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Estos procesados se suman a las cinco personas naturales y cinco jurídicas que ya se encuentran siendo investigadas, a quienes se les formuló cargos en diciembre de 2024.
Las investigaciones iniciaron tras una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se reportó una irregular distribución y comercialización de combustibles, lo cual habría causado un perjuicio al Estado ecuatoriano. La denuncia revela que existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.
Los elementos expuestos dan cuenta que las personas procesadas habrían establecido relaciones comerciales entre las empresas involucradas, en las cuales se comercializó gran cantidad de combustible, especialmente diésel subsidiado, con presuntas irregularidades en los procesos.
El Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a cargo de la causa, señaló que las empresas procesadas habrían vendido combustibles a varias estaciones ubicadas en cantones fronterizos y zonas mineras, donde se encontraron discrepancias entre la cantidad vendida y la capacidad de almacenamiento. Un ejemplo de ello es una estación que adquirió más de siete millones de galones de diésel, a pesar de contar con una capacidad de almacenamiento de 10.000 galones. Entre 2023 y 2024, se habría encontrado una inconsistencia de 2.7 millones de galones, los cuales no tenían espacio para ser almacenados.
Además, estas estaciones presentaron otras irregularidades, como la venta de diésel y gasolina extra a un mismo vehículo, lo cual es inviable, ya que un automotor no puede funcionar con ambos tipos de combustibles a la vez. También se detectó la venta de gasolina a vehículos con placas que no existen.
Se informó que existirían operaciones comerciales no autorizadas, ya que el hidrocarburo subsidiado se habría desviado hacia el sector industrial y marítimo.
Información jurídica
El artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica y sanciona el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial. (FGE)
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