El Ejército ecuatoriano abrió dos frentes de investigación para determinar si una fuga de información permitió la emboscada que dejó once militares asesinados. El ataque ocurrió el 9 de mayo durante una operación antiminera en Alto Punino, provincia de Napo. A una patrulla de reconocimiento de la Brigada de Selva 19 Napo la atacaron, y las autoridades sospechan que grupos armados pudieron haber accedido a detalles de la operación.
El mando militar ordenó una revisión exhaustiva de los protocolos de inteligencia y de todos los uniformados involucrados en la planificación y ejecución de la operación. La hipótesis principal apunta a una posible fuga de información. Esta se habría entregado a los grupos armados Comandos de la Frontera y Los Lobos, señalados como responsables del ataque.
Posible fuga de información en dos frentes
Según la Fuerza Terrestre, cuatro equipos de combate con 80 soldados se movilizaron ese día hacia varios sectores de Alto Punino, una zona afectada por la minería ilegal. Durante las tareas de reconocimiento, a los militares los atacaron con fusiles y granadas. Producto del ataque once militares y un civil murieron. A este último se lo identificó como alias «compadre», uno de los líderes del grupo delictivo Comandos de la Frontera.
El segundo frente de investigación se centra en los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Ellos son quienes coordinan con las Fuerzas Armadas las operaciones contra campamentos y maquinaria pesada utilizados en actividades mineras ilegales. Henry Delgado, comandante del Ejército, confirmó en una entrevista con Televistazo que la operación en Alto Punino se planificó junto con Arcom. Aquello ha llevado a indagar posibles irregularidades en esa coordinación.
Ataques más letales en los últimos años
Desde el fin de semana, agentes de la brigada de inteligencia del Comando Central del Ejército se desplazaron a la Brigada 19 Napo. Ellos son quienes lideran las investigaciones internas, que se mantienen bajo estricta reserva. Las autoridades buscan esclarecer por qué el sistema de inteligencia no detectó alertas previas al ataque. Las muertes de estes oce militares se ha considerado uno de los más letales contra las Fuerzas Armadas en los últimos años.
La región de Alto Punino, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, es un punto crítico para la minería ilegal, una actividad que genera millonarias ganancias para grupos armados y redes criminales. Las operaciones militares en la zona buscan desmantelar campamentos y destruir maquinaria pesada. Para ello las autoridades enfrentan resistencia de organizaciones como Comandos de la Frontera y Los Lobos, señaladas por su vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado.
Se investigan presuntas complicidades
En 2024, el Gobierno ecuatoriano intensificó las acciones contra la minería ilegal. A esta actividad se la declaró una amenaza a la seguridad nacional debido a su impacto ambiental y su relación con el financiamiento de actividades ilícitas. Según datos de Arcom, en Napo se han destruido más de 50 campamentos mineros en los últimos dos años, pero la presencia de grupos armados ha complicado las operaciones.
El Ejército no ha revelado detalles sobre los avances de las indagaciones ni el número exacto de personas bajo escrutinio. La prioridad, según fuentes castrenses, es identificar posibles fallos en los protocolos de seguridad y determinar si hubo complicidad interna o externa. La muerte de los once militares causó conmoción en el país y ha puesto en el centro del debate la efectividad de las estrategias de inteligencia militar.
Las Fuerzas Armadas han reiterado su compromiso con esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Mientras tanto, en Alto Punino, las operaciones antiminera continúan bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de evitar nuevos incidentes. Las investigaciones en curso podrían arrojar luz sobre las vulnerabilidades en la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado en la Amazonía ecuatoriana. (EL DIARIO)
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