El Consejo de Participación aún no convoca a la selección de delegados para el concurso de fiscal general

Diez días después del anuncio oficial, el proceso para designar al nuevo fiscal general del Estado no ha dado señales concretas de avance. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ofreció celeridad, pero hasta ahora no ha lanzado la convocatoria para elegir a los comisionados que conformarán la comisión ciudadana de selección, encargada de conducir el concurso público de méritos.

El 20 de mayo, luego de que Diana Salazar presentara su renuncia irrevocable —que será efectiva desde el 1 de julio—, el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, aseguró que en un plazo de 30 días se conformaría dicha comisión y que el proceso se realizaría “con máxima transparencia y rapidez”.

Sin embargo, diez días después, ni siquiera se ha dado el primer paso formal: la convocatoria para que las organizaciones sociales, académicas y otros sectores propongan a sus representantes.

A esto se suma otro incumplimiento: el Consejo también dispuso que su equipo jurídico entregue, en 48 horas, un informe con los plazos ajustados que permitirían acelerar la conformación de la comisión. Ese documento tampoco se ha presentado hasta el momento.

Mientras tanto, el presidente del Consejo ha mantenido una presencia constante en medios de comunicación, donde ha reiterado su compromiso con el proceso y ha defendido la transparencia del concurso. No obstante, esas declaraciones contrastan con la falta de acciones concretas en el interior del organismo.

El consejero Gonzalo Albán declaró que se espera que hoy —30 de mayo— se entregue finalmente el informe jurídico y que el próximo lunes se lance la convocatoria para conformar la comisión ciudadana.

“Son las cinco funciones del Estado quienes deben enviar a sus delegados y son cinco comisionados ciudadanos que emanan del ciudadanía. Hay un trabajo importante del equipo técnico para poder procesar documentos, requisitos y demás para finalmente calificar a estos comisionados”, explica Gonzalo Albán, vocal del Consejo de Participación

Pero incluso si eso ocurre, aún faltará que las funciones del Estado remitan sus respectivos delegados, lo que también ha sido un punto crítico en otros procesos recientes.

El antecedente del Consejo de la Judicatura

Un ejemplo claro es el concurso para designar al presidente del Consejo de la Judicatura, que no ha podido iniciarse porque desde hace cinco meses el presidente Daniel Noboa no ha enviado la terna correspondiente. Esta omisión ha generado un vacío institucional y ha impedido al Cpccs avanzar con ese proceso.

La situación actual revela una constante: los mecanismos para designar autoridades clave del Estado están sujetos no solo al cumplimiento de plazos legales, sino también a la voluntad política de quienes integran las funciones del poder público.

¿Qué implica esta demora?

El cargo de fiscal general no solo es estratégico dentro de la institucionalidad del país, sino que ha cobrado especial relevancia en el contexto actual de lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Diana Salazar, durante su gestión, lideró investigaciones emblemáticas como el caso Metástasis y ha sido una figura clave en procesos judiciales de alto impacto.

El retraso en la conformación de la comisión ciudadana pone en duda la posibilidad de que el proceso se desarrolle dentro de los tiempos previstos, lo que podría abrir espacio para una prórroga, una designación interina o incluso una judicialización del proceso, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. (ECUAVISA)