Pena máxima agravada para integrantes de GDO por triple asesinato

Ambato (Tungurahua), 03 de junio de 2025.- Acogiendo las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa declaró culpables a Cristian David B., Kevin Steven V. y Walter Patricio M. por su participación en un triple asesinato perpetrado en Ambato en agosto de 2024: fueron sentenciados una pena máxima agravada de cuarenta años de prisión.

El fallo incluye el pago de una multa de mil salarios básicos unificados del trabajador en general (470.000 dólares) y una reparación integral de 60.000 dólares.

Durante la audiencia de juicio, en su alegato de apertura, el Fiscal de Personas y Garantías que llevó la causa relató que los hechos se registraron en dos puntos de Ambato. La primera muerte ocurrió en el barrio Santa Marianita, vía a Las Minas.

Horas más tarde, en la Av. Bolivariana y José Alberto Valdivieso, los tres acusados, a bordo de un vehículo color negro, se encontraban conversando con otros dos ciudadanos, cuando –en medio de la conversación– procedieron a victimar con un arma de fuego a uno de ellos, mientras que el otro ciudadano intentó escapar. No obstante, también recibió disparos.

Los ahora sentenciados huyeron del lugar y llevaron a la tercera víctima herida a un domicilio ubicado en el sector de Techo Propio, donde lo ahorcaron hasta matarlo.

Mediante allanamientos y persecuciones ininterrumpidas ejecutadas por la Policía Nacional –en coordinación con Fiscalía– los tres fueron aprehendidos: dos de ellos en una quebrada cerca del río Ambato y el otro en el inmueble donde consumaron el tercer crimen.

Para sustentar su acusación, Fiscalía presentó como pruebas: testimonios de los peritos que practicaron las autopsias médico-legales a las víctimas, el informe balístico de las armas incautadas, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el revenido químico del vehículo en el que se transportaban (reportado como robado), el informe pericial de luminol, así como el de extracción de audio, video y afines de cámaras públicas y privadas, entre otras.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 140, numerales 2, 4 y 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Además, se aplicaron circunstancias agravantes establecidas en el artículo 47, numerales 5 y 14, del mismo cuerpo legal. (FGE)