Quito (Pichincha), 04 de junio de 2025.- La Fiscalía General del Estado vinculó a tres personas más al proceso por asociación ilícita en el que otros tres exconsejeros y una consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ya eran procesados.
La formulación de cargos se llevó a cabo luego de que –en el desarrollo de la instrucción fiscal– se encontraran elementos e indicios que hacen presumir la participación directa de los hoy vinculados.
Tras haber analizado la intervención de todas las partes procesales, la jueza Daniela Camacho acogió el pedido y los elementos expuestos por Fiscalía y dictó medidas alternativas a la prisión para los tres procesados: Andrés David A. G. y Esther Adelina C. S. deberán cumplir la medida de presentación periódica una vez al mes en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, mientras que a Raúl Agustín G. C. se le impuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada quince días en Guayaquil.
Además, dispuso la retención de cuentas por un monto de 5.000 dólares a cada uno de los ahora procesados. La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Los hoy vinculados se suman a Sócrates Augusto V., Betzy Yadira S. R., Nicole Estephanie B. L. y Eduardo Julián F. L., a quienes se les formularon cargos en marzo del año en curso.
La investigación se inició a raíz de una denuncia y un allanamiento ejecutado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del Cpccs, en el que se incautaron los celulares del exconsejero Sócrates Augusto V. S., cuya información habría revelado la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para tomar del control de la institucionalidad del Estado.
Estos hechos se perpetraron desde diciembre 2024 hasta inicios del año 2025.
Los elementos de convicción darían cuenta de que Andrés David A. G. habría sido quien coordinaba de manera externa las acciones ilícitas. Por medio de la aplicación Wire, habría emitido directrices de actuación, a fin de cristalizar el control de la institución. Además, formulaba lineamientos como la presentación de denuncias, recusaciones e incluso acciones constitucionales, sin dejar de mencionar que se mantenía al tanto de las acciones conjuntas que su organización política iba a iniciar desde la Asamblea Nacional, incluyendo las que se planteaban ejecutar en el Cpccs para sus intereses particulares.
Estas acciones habrían tenido como principal beneficiario a Raúl Agustín G. C., ya que entre los planes estaba su designación como Superintendente de Bancos. Para cumplir con sus objetivos, habrían contado con el papel indispensable de la exasambleísta Esther Adelina C. S., quien fungía como Presidenta del parlamento.
El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, señaló que estas conductas son propias de una asociación ilícita, con actividades específicas destinadas a controlar los poderes del Estado, llegando a ser juez y parte dentro de los procesos de selección de autoridades, mismos que el Consejo de Participación Ciudadana debía emprender con honestidad e imparcialidad, como es su obligación.
Información jurídica
Esta causa se sigue por el delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 42 del mismo cuerpo legal. (FGE)
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