El presidente Daniel Noboa asumió el cargo por primera vez en noviembre de 2023, en medio de una profunda crisis de violencia e inseguridad, y bajo la promesa de devolver la paz a Ecuador. Ahora, casi 19 meses después, la situación no ha mejorado del todo, aunque ahora el Ejecutivo cuenta con 12 herramientas legales para el combate de grupos armados.
Esas reformas vinieron de leyes aprobadas en el periodo anterior y el vigente por la Asamblea Nacional, en la consulta popular, o por decretos ejecutivos.
¿Con qué cuenta el Gobierno, en la lucha contra el crimen organizado?
Declaratoria de conflicto armado interno y el aumento del IVA
En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó conflicto armado interno en Ecuador, luego de la irrupción armada en TC Televisión y atentados a escala nacional.
Con esa medida, el Gobierno enlistó las organizaciones de delincuencia organizada y las categorizó como terroristas. Además, ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizarlos, así como la intervención de la Policía Nacional para “garantizar la soberanía e integridad territorial”.
Esa declaratoria todavía está en vigencia y con la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada el pasado sábado 7 de junio, se reguló el marco jurídico para delimitar los alcances del Presidente, fuerzas del orden y jueces, en un contexto de conflicto armado interno.
A propósito de esa declaratoria, el Gobierno dispuso el aumento del IVA en dos puntos, para solventar los gastos que implica la guerra.
Indultos con efecto diferido
En la Ley de Solidaridad, aprobada por la Asamblea, está que el Presidente de la República podrá indultar con efecto diferido, por razones humanitarias o de interés público excepcional, a personas procesadas penalmente por hechos relacionados directamente con dicho conflicto. Este indulto podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación previa o en cualquier etapa procesal posterior previo a la sentencia y entrará en vigencia una vez que exista sentencia ejecutoriada.
Prisión preventiva como medida útil en casos de personas procesadas por conflicto armado interno
También, en la Ley de Solidaridad consta que la medida cautelar “útil y eficaz” para las personas procesadas por delitos conexos al conflicto armado interno será la prisión preventiva.
Diferenciación entre consumidor y microtraficante
Cuando Daniel Noboa llegó al poder, una de las primeras decisiones que tomó fue eliminar la tabla de consumo de drogas del correísmo. Sin embargo, ahora, en la Ley de Solidaridad, se otorga la responsabilidad de determinar los parámetros para diferenciar entre consumidor y traficante al Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.
Entre ellos, deberá considerarse si hay almacenamiento de drogas o exámenes toxicológicos.
Los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar información
En la Ley de Inteligencia, aprobada ayer por la Asamblea Nacional, consta que los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar “información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales, y cualquier otra información que facilite su identificación y localización”.
Interceptación de comunicaciones
En la Ley de Inteligencia también consta que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.
El Estado puede solicitar información a cualquier persona
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de entregar, “en forma segura, directa, gratuita y oportuna, la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia”, consta en la nueva ley.
Apoyo complementario de Fuerzas Armadas
En abril de 2024, los ecuatorianos votaron a favor de tres preguntas de referéndum y seis de consulta popular relacionadas con la seguridad. En una de ellas, la ciudadanía aprobó que las Fuerzas Armadas den apoyo a las funciones de la Policía Nacional, en casos excepcionales, por decreto ejecutivo y con base en un informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado.
El Legislativo debía definir los límites de ese apoyo complementario hasta diciembre de 2024, por mandato popular, sin embargo, hasta la fecha, tales regulaciones no se han comunicado por los canales oficiales de la Asamblea.
Luego, vía decreto ejecutivo, Noboa reformó el reglamento de la Ley de Defensa Nacional en el que estableció, entre otras cosas, que la Policía puede subordinarse a las Fuerzas Armadas.
Ya está permitida la extradición de ecuatorianos
Vía enmienda constitucional, los ciudadanos aceptaron el permitir la extradición de ecuatorianos, bajó los límites del derecho internacional, aunque hasta la fecha no ha registrado ningún caso.
Aumento de penas de delitos
En esa consulta popular, los ecuatorianos también decidieron aumentar las penas a delitos como terrorismo, producción y tráfico de drogas, asesinato, sicariato, trata de personas, entre otros.
En la Ley de Solidaridad Nacional, que todavía debe pasar el veto presidencial, también incluye otros delitos como el pertenecer a un grupo de delincuencia organizada o dirigirlo.
Los bienes de grupos de delincuencia organizada pasan a manos del Estado
Según la Ley de Solidaridad Nacional, se entregarán incentivos económicos para pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos, pesca artesanal y recolectores, así como para jóvenes y adultos, con el fin de fortalecer capacidades productivas y laborales, así como actores de la economía popular y solidaria.
Con esta ley, los bienes en posesión de grupos armados serán incautados y ocupados por la fuerza del orden y la titularidad pasarán a ser controlados por el Estado en un plazo de 15 días.
Además, en la consulta popular se contempló que los bienes de origen ilícito pasen a titularidad del Estado, con un trámite simplificado.
Allanamientos sin orden judicial
En la Ley de Solidaridad Nacional se aprobó que los allanamientos, en medio del conflicto armado interno, estarán sujetos a control posterior de un juez, eso significa que los miembros de la fuerza pública podrá intervenir espacios sin una autorización previa de un magistrado. La institución a cargo de ese procedimiento, deberá remitir un informe en 24 horas.
El planteamiento ha provocado cuestionamientos. Por ejemplo, el abogado penalista José Elías Cárdenas cree que es necesario el criterio de un juez para garantizar el respeto al debido proceso. Recuerda que en casos extraordinarios como en flagrancia estaba ya autorizado.
Tabla de consumo de drogas en Ecuador: diferencias entre la de Daniel Noboa y la del correísmo
Daniel Noboa, apenas asumió su primera presidencia, posteó un video el 24 de noviembre del 2023 en el que aparece rompiendo un papel en cuatro partes y lanzádolo al aire sin decir una palabra.
El texto que acompañó al video anunciaba la eliminación de lo que llamó la tabla de consumo de drogas. Una promesa de su primera campaña.
Un año y siete meses después, la Asamblea Nacional, con mayoría gobiernista, aprobó la Ley de Solidaridad Nacional que reformó el Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el consumo personal de drogas.
Para el académico Daniel Pontón, esto era necesario para atender el mandato constitucional que presentaba un vacío desde la derogatoria de la tabla.
“La Constitución te obliga que haya una diferenciación obviamente, porque para la Constitución el problema de drogas recae en la salud pública y se necesita un diferenciación. Eso se estipula mediante las mal llamadas tablas de droga, que generan umbrales”, comentó.
La nueva ley incluye parámetros para diferenciar un consumidor de un traficante. La ley original, enviada por el Ejecutivo, no contemplaba este punto. Fue añadida por los legisladores.
En ella no se habla de gramajes, como la tabla derogada en 2023. Se habla de parámetros que deben ser fijados por el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura y que reemplazarán los que emitió la Corte Nacional, en diciembre del 2023, para no juzgar como traficantes a consumidores.
En ellos constan, por ejemplo, que la Fiscalía compruebe el almacenamiento y la venta de drogas para determinar si se trataba de un traficante.
Con la ley aprobada, los fiscales y jueces deben diferenciar casos de consumo y de tráfico ilícito. La norma dice que en nungún caso se presumirá el consumo y que se deben practicar pericias toxicológicas y psicológicas, antes de emitir un informe que elimine la sanción.
También establece la obligación al estado de diseñar programas destinados a atender y rehabilitar adicciones. Esta ley debe ir al presidente para su ratificación o veto.
Lo que permite la nueva Ley de Inteligencia: gastos reservados, identidades secretas y vigilancia sin orden judicial
La Ley de Inteligencia – aprobada por la Asamblea Nacional- consta de 58 artículos, cinco disposiciones generales, una transitoria y cuatro derogatorias. Tras la aprobación con 77 votos en la sesión del 10 de junio de 2025, pasó a manos de la Presidencia de la República, para que Daniel Noboa la acepte o vete.
Esta norma, entre otras cosas, regulará las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se desarrollarán mediante la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas. El objetivo de dichas acciones, es prevenir, reducir y combatir las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que atenten a la seguridad del Estado.
Algunos artículos generaron controversia, porque implican actividades como intercepciones telefónicas, acceso a documentos e información. Además de otros mecanismos de revisión o auditoría a las actividades que se ejecuten.
El uso de fondos, auditorías y rendición de cuentas del Sistema de Inteligencia
La Ley de Inteligencia, en su artículo 7, estipula como finalidad del Sistema de Inteligencia, la protección de los elementos estructurales del estado y los derechos de las personas frente a vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Pero no podrá usar información, producir inteligencia o almacenar datos que vulneren principios constitucionales y la ley.
Este Sistema de Inteligencia – de acuerdo al artículo 8- estará integrado por subsistemas de Fuerzas Armadas, Policía. Aduana, SNAI, UAFE, Casa Militar Presidencial, entre otros.
Entre las otras cosas que permite la ley, es gasto de recursos que tendrían una auditoría diferente. En el artículo 13 se detalla que el Sistema de Inteligencia tendrá un fondo permanente de gastos especiales asignados para operaciones y actividades de inteligencia y contrainteligencia.
El uso de los recursos no se someterá a normas previstas que regula el Sercop. Solo el monto general será de acceso público pero no las asignaciones, que tendrán categoría de clasificada, al igual que transacciones bancarias y registros realizados por el Banco Central.
La gestión no se someterá a normas previstas en la legislación tributaria y el control será trimestral, ante el Contralor General del Estado. Será además el contralor, quien incinerará la información y solo quedarán las actas correspondientes.
El artículo 14 de la ley, habla sobre la rendición de cuentas. Esta actividad será anual ante la Asamblea, mediante la Comisión Especializada Permanente en una sesión reservada. La Comisión estará obligada a mantener el nivel de clasificación de acuerdo con los documentos o información a tratar.
Deberá ser el Consejo de Administración Legislativa el que expida el reglamento para las sesiones reservadas y protocolos de manejo de información.
Nuevas identidades y contratación de funcionarios para el Sistema de Inteligencia
Los postulantes al Sistema Nacional de Inteligencia deberán superar pruebas de admisión, controles y de confianza, según el artículo 16. En el artículo 19, se estipula que se exceptúa al Sistema del porcentaje previsto para la contratación de personal ocasional. Es decir, podrían vincular a personas en función de los requerimientos operativos y estratégicos, garantizando la disponibilidad de recursos.
En el artículo 41, la ley detalla que con el fin de proteger la vida e integridad de los funcionarios en sus actividades, tendrán documentos con nueva identidad. Será el Registro Civil el que emita la identificación, que deberá ser usada exclusivamente en el ejercicio de sus funciones.
Así mismo, indica que si se iniciara una acción penal, los especialistas de inteligencia empleados para obtener información, estarán exentos de responsabilidad por ocultar su identidad.
Los mecanismos de inteligencia para obtener información sin orden judicial
El artículo 42, detalla que sin necesidad de autorización judicial o administrativa, se pueden adoptar fachadas que permitan las acciones de inteligencia y técnicas de infiltración para obtener información.
La norma aprobada permite el uso de técnicas y elementos tecnológicos en el espectro electromagnético y ciberespacio para recopilar, analizar y utilizar información para generar inteligencia y contrainteligencia. Esta potestad la tendrán la entidad rectora del Sistema de Inteligencia y sus subsistemas militar y policial.
Además detalla que el transporte de valores destinados a dichas actividades, es de carácter secreto, estratégico y prioritario, por lo que ninguna autoridad o entidad podrá detener, interferir, inspeccionar o impedir estos traslados.
Los artículos 47 y 48 tratan sobre requerimientos de información específica y documentos. Señalan que se podrá solicitar a sus subsistemas, organismos de apoyo y/o entidades públicas, información o datos por cualquier medio físico o digital. La entidad tendrá un plazo de dos días o el que se establezca, para atender lo pedido.
También podrá pedir -por razones de seguridad- a las entidades públicas la entrega y actualización de las bases de datos e información que tenga cada institución.
La información será para fines de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, no podrán ser usadas como prueba en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios.
El artículo 51 aborda justamente el pedido de información a operadoras de telecomunicaciones. Puntualiza que las empresas estarán obligadas a proporcionar información requerida. La solicitud deberá ser justificada y los datos que se pueden solicitar incluye información histórica y en tiempo real de las comunicaciones y conexiones de los abogados. La seguridad de la información tendrá un periodo de máximo cinco años.
Mientras que el artículo 52 indica que por razones de seguridad integral del Estado, la máxima autoridad del Sistema de Inteligencia podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones.
El pedido se deberá canalizar de manera motivada, mediante la máxima autoridad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia. La norma no especifica la necesidad de una orden judicial para dichas medidas.
La clasificación y desclasificación de la información
Los artículos 54 y 55 especifican los niveles de información y su categorización. Es decir, reservado, secreto y secretísimo. La categoría dependerá si puede perjudicar, ocasionar daño o poner en riesgo a la soberanía. El acceso a esos datos serán después de cinco, 10 o 15 años.
El resguardo y archivo de la información del Sistema de Inteligencia se aborda en el artículo 56. Los datos serán resguardados y archivados bajo el criterio de clasificación que corresponda. (ECUAVISA)
Mas noticias
Conoce a las 19 candidatas que buscan la corona de Miss Ecuador 2025
Juzgamiento de menores como adultos vuelve al debate
LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DEL PAÍS ENTREGAN RECONOCIMIENTO Y RESPALDAN AL PRESIDENTE NOBOA