Hasta USD 1000 en ‘vacunas’ pagan comerciantes del centro de Machala

“Ellos vienen y cotizan el local, nos dicen cuánta cantidad podemos pagar. Nos amenazan con quitarnos la vida, ahora en el Ecuador prácticamente la vida no vale nada porque por 30 dólares le quitan la vida a uno”, dijo un comerciante de la calle Sucre, quien desde hace unos meses es víctima de extorsión.

En las últimas semanas, los comerciantes del centro de Machala, principalmente aquellos ubicados en la calle Sucre, han sido víctimas de extorsionadores que mediante mensajes de texto o panfletos se hacen manifiestan para exigirles dinero a cambio de “darles seguridad”.

Uno de los comerciantes, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, aseguró que la inseguridad ha escalado a niveles insostenibles durante el último año. “Además del arriendo, servicios básicos e impuestos, ahora debemos cubrir un costo adicional que viene de la delincuencia: la vacuna”, dijo.

Las exigencias económicas de grupos delictivos varían según el tamaño del negocio, llegando a montos mensuales de $300, $500, $1.000 e incluso hasta $2.000, según el comerciante, quien aseguró que los cobros llegan por WhatsApp o a través de personas que se identifican como miembros de bandas.

“Ellos visitan el local, evalúan el movimiento comercial y establecen una tarifa que debemos pagar para estar protegidos”, dijo el hombre, quien aseguró que las amenazas son constantes. “Nos dicen que nos van a quitar la vida. En este país, por 30 dólares te matan”, precisó.

Según el comerciante, solo en su zona, el 80% de los dueños de locales son extorsionados. “lamentablemente nadie va a denunciar porque nadie le ayuda y es mejor quedarse callado y pagar lo que puedan pagar, y así se muere la economía y se muere todo”, dijo.

Otra comerciante aseguró que, para ellos, es imposible cumplir con las exigencias de los extorsionadores. “Es imposible cubrir esa cantidad cuando algunos días apenas se venden 50 dólares”, manifestó el afectado, quien se mostró preocupado por su seguridad.

Según su testimonio, los extorsionadores tienen acceso a información personal y financiera de los comerciantes, lo que incrementa el nivel de amenaza y ha llevado que dueños de otros locales optaran por cerrar sus negocios por el temor a que les pongan bombas o amenacen con quitarles la vida por no pagar.

Pese a que las autoridades conocen la situación —incluyendo la Policía, el Municipio y la Gobernación—, el entrevistado denunció que la corrupción dentro del sistema judicial impide que los esfuerzos de seguridad tengan resultados. “La Policía trabaja, pero los jueces están corrompidos y por ahí se cae todo”.

MÁS DE 200 EMERGENCIAS POR EXTORSIÓN

César Neira, coordinador del Centro Zonal 7 ECU 911 Machala, aseguró que el sistema recibe un promedio de 1 600 llamadas emergencias y de estas, al menos 450 son emergencias de seguridad ciudadana, lo que representa el 56% del total.

Además, Neira señaló que el robo es el principal delito de estas emergencias. Mientras que el otro porcentaje, que no corresponde a seguridad ciudadana, son salud y emergencias de tránsito.

Sin embargo, el delito de extorsión ha registrado un preocupante aumento en Machala durante este 2025, números evidencian una creciente ola de intimidaciones que afecta tanto a comerciantes como a ciudadanos comunes.

De acuerdo con cifras oficiales del sistema de emergencias ECU 911, entre el 1 de enero y el 18 de junio se han reportado 258 emergencias relacionadas con el delito de extorsión en esta ciudad.

“PAGAR ES ALIMENTAR AL ENEMIGO”

El intendente de Policía de El Oro, Borys Carrión, hizo un llamado a la ciudadanía a no permanecer en silencio frente a las extorsiones. Según indicó, muchas personas prefieren pagar las sumas exigidas por los delincuentes antes que acudir a las autoridades, lo que —a su juicio— solo fortalece al crimen organizado.

“Si se sumara todo el dinero que la población entrega por extorsión, podríamos financiar materiales para la Policía Nacional. Con esos recursos, hasta podríamos derrotarlos con más facilidad”, afirmó Carrión, visiblemente indignado por la normalización de estos pagos ilegales.

Reconoció que el temor juega un papel clave en la decisión de las víctimas porque “les envían fotos de sus casas, de sus lugares de trabajo, de sus hijos… y sienten que no están protegidos”, aseguró.

Sin embargo, Carrión aseguró que los casos de extorsión son atendidos por una unidad especializada que es la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) que ha demostrado una efectividad del casi el 100% en casos de secuestro y extorsión.

Para proteger la confidencialidad de la víctima, Neira destacó que la institución opera bajo una estricta política de reserva para resguardar la identidad de quienes reportan emergencias, especialmente en casos delicados como la extorsión.

“Todas las llamadas que ingresan al sistema son tratadas con absoluta reserva. Nuestro modelo de gestión establece que el operador recibe la llamada, la evalúa y la deriva inmediatamente a la entidad competente”, explicó Neira.

En situaciones relacionadas con extorsión, el procedimiento establece una coordinación directa con la Policía Nacional, que a su vez canaliza el caso hacia la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE).

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad informativa, Neira indicó que han implementado nuevas restricciones dentro de la sala operativa, donde está prohibido el uso de celulares, audífonos y relojes inteligentes.

William Calle, comandante de Policía de la Zona 7, informó sobre la aprehensión de 17 personas que estarían involucradas en las extorsiones a los comerciantes del casco central de Machala. “Entregaban panfletos, dejaban tacos de dinamita e incluso disparaban afuera de los locales comerciales”, dijo. (DIARIO CORREO)