La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en Quito, reanudó este lunes, 23 de junio, la investigación sobre posibles irregularidades cometidas por operadores de justicia en el contexto del conflicto armado interno que enfrenta el país.
En esta ocasión, compareció el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien defendió el accionar de la Fiscalía, asegurando que actúa conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
Toainga explicó que las acciones de los fiscales en casos de flagrancia dependen de los partes de aprehensión y reportes entregados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Señaló que no todos estos informes cuentan con fundamentos suficientes para presentar cargos, ni siempre corresponden a los delitos que en ellos se describen.
Por esta razón, sostuvo que, en determinados casos, si existen elementos probatorios adecuados, los fiscales solicitan medidas cautelares, ya sean personales o reales, según corresponda. No todos los procesos justifican la prisión preventiva y, en muchas ocasiones, son los jueces quienes, amparados en la legislación nacional e internacional, otorgan medidas como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse regularmente ante la justicia.
Falta de garantías
El fiscal también destacó que el problema no se limita únicamente a las resoluciones de los jueces. Afirmó que fiscales y jueces en Ecuador no cuentan con las garantías necesarias para ejercer su labor, especialmente en el combate contra el crimen organizado.
Subrayó que todos los operadores de justicia enfrentan las mismas condiciones, aunque algunos, por la naturaleza de sus casos, están expuestos a mayores riesgos.
Por medio de un oficio, el presidente de @CorteNacional, José Suing (@Ppsuing), se excusó debido a una reunión programada con los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia. El presidente @FerdinanAZ87 indica que se solicitará un nuevo pedido de comparecencia. pic.twitter.com/LUwO4YjQ2O
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 23, 2025
Toainga recordó que existen normas internacionales especiales que abordan la criminalidad organizada, una problemática de carácter regional y global desde los años noventa. Por ello, argumentó que la legislación ecuatoriana también debería incluir medidas extraordinarias para proteger la integridad de jueces y fiscales.
Ferdinan Álvarez, presidente oficialista de dicha comisión, agradeció la intervención de Toainga y pidió a los asambleístas que remitan por escrito sus inquietudes surgidas durante la sesión 007. Estos aportes servirán para solicitar información adicional a la Fiscalía General, insumos que serán analizados para la elaboración del informe correspondiente a esta investigación.
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Comisión de Fiscalización y Control Político
- Ferdinan Álvarez (P) ADN7
- Nathaly Morillo (VP) ADN7
- Fabiola Sanmartín ADN7
- Ana Belén Tapia ADN7
- María Villacreses ADN7
- José Nango PK18
- Janeth Bustos RC5
- Fricson George RC5
- Nakin Saant RC5
- Ana Herrera RC5
Nota por: David Josue Quispe Franco – LA REPUBLICA
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