Quito (Pichincha).- Una estructura dedicada a la extorsión, que operaba desde una empresa tipo call center, ubicada en el tercer piso de un edificio en el sector La Carolina (norte de Quito), fue desarticulada durante un operativo en flagrancia ejecutado por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional.
Gracias a información proporcionada por una fuente reservada, Fiscalía conoció sobre una presunta red delictiva que operaba bajo la fachada de la empresa LKL-WELLCALL, desde donde se habrían ejecutado actos de extorsión dirigidos a ciudadanos de Ecuador, Colombia y México.
Los cuarenta presuntos integrantes de esta organización fueron procesados durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, desarrollada la noche del 26 de junio de 2025 en la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.
A solicitud de Fiscalía, a treinta y nueve procesados se les dictó prisión preventiva. Una mujer recibió medidas sustitutivas por su estado de gestación.
Estructura jerárquica
Durante la diligencia, la Fiscal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Flagrantes presentó los elementos de convicción recabados en los allanamientos ejecutados el 25 de junio de 2025, tanto en la empresa como en un departamento donde residían los presuntos líderes de la organización, identificados como Xu J. y Gu X., de nacionalidad china.
Según las primeras diligencias investigativas, la empresa habría operado por al menos un año bajo una estructura jerárquica encabezada por ambos ciudadanos extranjeros.
Luis Geovanny C. R. habría sido el director de talento humano. Bajo esa figura, habría reclutado al personal, gestionado la entrega de chips telefónicos para hacer las llamadas extorsivas y coordinado el pago de salarios, que en promedio eran de 500 dólares.
Él se habría encargado de coordinar con cinco “líderes de segmento”, entre ellos Edwin Bryan P. A., quien ‒según la investigación‒ distribuía usuarios y las contraseñas de la plataforma desde donde se hacían las llamadas extorsivas. Además, sería el encargado de repartir las bases de datos con los nombres y números telefónicos de las personas a las que había que extorsionar.
Junto a él, fueron identificados como líderes de segmento: Roberto Andrés G. M., Nicole Tatiana D. L., Sandra Teresa J. M., Carlos Rodney Q. M. y Nayeli Elizabeth C. M.
Industria de extorsión digital
En la audiencia, la Fiscal del caso explicó que el funcionamiento de esta industria de extorsión dependía también del equipamiento tecnológico. Los operadores empleaban una plataforma digital que almacenaba información personal de las víctimas y fotografías, que luego eran utilizadas para hacer montajes con imágenes de contenido sexual explícito, las cuales también servían como medio de extorsión.
Desde sus módulos, equipados con computadores, los operadores hacían llamadas y enviaban mensajes con plantillas previamente diseñadas, amenazando a las víctimas con difundir los montajes en redes sociales si se negaban a depositar altas sumas de dinero. También enviaban fotos y videos de personas siendo desmembradas.
La Fiscal agregó que cada operador recibía bonificaciones adicionales si superaban los 1.200 dólares recaudados mensualmente. Se identificó también que la empresa ofrecía créditos sin autorización legal y, posteriormente, extorsionaba a quienes accedían a estos préstamos.
Información jurídica
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (FGE)
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