La presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, Diana Jácome, convocó este jueves 17 de julio a diez asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana. El motivo era que expliquen su respaldo a un proyecto de reforma penal que buscaba reducir la edad de consentimiento sexual a 14 años. Presentada el mes pasado por el legislador correísta Santiago Díaz Asque, la propuesta fue rechazada el miércoles 16 de julio por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esto, tras un informe que señaló posibles inconstitucionalidades y retrocesos en la protección de menores.
El proyecto, que generó controversia en redes sociales, fue presentado por Díaz, quien enfrenta una denuncia por la presunta violación de una menor de 12 años. El CAL, basado en un informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa, determinó que la iniciativa presentaba “vicios de inconstitucionalidad” y “un retroceso en los derechos humanos y la protección integral de niños, niñas y adolescentes”. La asambleísta oficialista Mishel Mancheno señaló que la propuesta tenía un “conflicto de intereses” que cuestionaba su “legitimidad y ética”. “Calificar este proyecto sería equivalente a otorgar un espacio legislativo a una persona investigada por un delito grave”, afirmó Mancheno.
Asambleístas no se presentaron
Jácome, miembro de Acción Democrática Nacional (ADN), anunció la citación en una rueda de prensa en el hemiciclo de la Asamblea. “Los diez asambleístas de Revolución Ciudadana que firmaron este proyecto están llamados a comparecer hoy 17 de julio, a las 14h00, para responder a los ecuatorianos. ¿Por qué firmaron? ¿No leyeron?”, cuestionó. Los legisladores convocados son Roque Ordónez, Franklin Samaniego, Diego Salas, Ledy Zúñiga, Cristina Jácome. Se suman Arisdely Parrales, Juan Pablo Molina, Patricia Nuñez, Eustaquio Tuala y Nanki Lauro Saant. Sin embargo, ninguno asistió a la sesión de la Comisión de Transparencia. Esta sesión contó con la participación de expertos en psicología social, género, psiquiatría, salud mental y neuropsicología.
La polémica se intensificó tras la expulsión de Díaz del movimiento Revolución Ciudadana el pasado martes, luego de que la denuncia en su contra se difundiera en redes sociales. El expresidente Rafael Correa, líder del movimiento, no ha emitido comentarios públicos sobre el caso. Las autoridades ecuatorianas emitieron una orden de búsqueda contra Díaz el fin de semana pasado. El motivo es que su paradero permanece desconocido, según informó el Ministerio del Interior.
Esta medida causó rechazo
El rechazo del proyecto por parte del CAL, integrado por representantes de diversos partidos, responde a la presión social y a las críticas en plataformas digitales. Allí los usuarios calificaron la iniciativa como “inaceptable”. Según un análisis de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el 78% de las menciones en redes sociales sobre el proyecto entre el 10 y 16 de julio expresaron rechazo. Por ello se destacaron preocupaciones sobre la protección de menores.
La legislación actual en el Código Orgánico Integral Penal establece la edad de consentimiento en 18 años. Con excepciones limitadas, y cualquier cambio requiere un análisis riguroso para cumplir con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador.
La comisión buscaba esclarecer las razones
La sesión de la Comisión de Transparencia buscaba esclarecer las razones detrás del respaldo inicial de los asambleístas al proyecto. Así como su posterior retiro de apoyo. La ausencia de los legisladores citados generó críticas adicionales, y Jácome anunció que se evaluarán medidas administrativas. Por ello, la Fundación LED, dedicada a la defensa de derechos humanos, instó a la Asamblea a fortalecer los mecanismos de revisión de propuestas legislativas. El objetivo es evitar iniciativas que vulneren derechos fundamentales.
El caso de Díaz y el proyecto de reforma han reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en la política ecuatoriana. La Asamblea Nacional continuará investigando el proceso de presentación de la propuesta, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda del legislador acusado. (NOEMI MOREIRA – EL DIARIO)
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