¿Cuál va a ser el impacto de la decisión gubernamental de desvincular a 5 000 funcionarios del sector público? Los objetivos económicos que se alcanzarán con esta acción que responde a un plan de eficiencia administrativa no se han revelado. Pero se puede obtener una aproximación revisando las cifras disponibles.
Si en el sector público laboran, según la Ministra de Trabajo, 490 mil 496 personas; la salida de 5 000 es el 1,02%.
Datos oficiales del Ministerio de Economía reportaron, en 2024, que para el pago de salarios se destinaron, USD 9 862 millones. Para 2025 se presupuestó reducir ese monto y dejarlo en USD 9 654 millones.
Pero esa planificación se trastocó cuando el Presidente de la República entregó durante la campaña electoral un bono de USD 507 a policías y militares. Con ello, el gasto en burocracia en el primer semestre de este año alcanzó los, USD 4 732 millones.
Para el segundo semestre, el monto previsto para ese rubro era de USD 5 520 millones, considerando el décimo cuarto sueldo. Con ello, el peso salarial de 2025 en las cuentas públicas alcanzaba los USD 10 252 millones.
Otro elemento a tomar en cuenta es que hasta junio, el mayor peso salarial del estado recayó en el Ministerio de Educación, con USD 1 284 millones. En segundo lugar, estuvo el Ministerio de Salud con USD 804 millones. Seguido por la Policía Nacional, que consumió USD 729 millones en sueldos y las Fuerzas Armadas con USD 618 millones.
Estos cuatro sectores sumaron USD 3 345 millones en sueldos, el 70,9% del gasto total del semestre por ese concepto.
Un elemento a considerar es que para 2025 el presupuesto destinado para supresión de puertos fue de USD 279 245. ¿De dónde saldrá entonces el dinero para pagar las indemnizaciones que corresponden a los 5 000 desvinculados? ¿A cuánto asciende ese valor? Es otra de las interrogantes que trae consigo la medida adoptada por el gobierno.
Los funcionarios públicos despedidos denuncian que no hubo criterios técnicos para las desvinculaciones
Los 5 000 funcionarios del gobierno empezaron a ser notificados con sus despidos, algunos denuncian que no hubo una evaluación y que la separación fue discrecional.
Según la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, las separaciones son para mejorar la eficiencia gubernamental. Dijo que entre los despedidos están burócratas que interrumpen las funciones públicas y que se han aprovechado de ellas para su beneficio.
Paul Terán trabajó siete años en Flopec con nombramiento definitivo. Fue despedido y pone en duda los argumentos del gobierno. El documento de notificación no explica las razones de la desvinculación, solo menciona que es una decisión del gerente de la empresa con la autorización del Ministerio de Finanzas.
“No se evaluó nada de lo que dijo la vocera del presidente, no se entiende como fue la selección de personal para la desvinculación, cuando hay gente a dentro que no tiene la experiencia y no cumple los perfiles”.
En Flopec fueron despedidos 100 funcionarios, el 37 % de la nómina administrativa. Entre ellos analizan la situación y no descartan iniciar acciones legales.
En la matriz del IESS en Quito la percepción es la misma, quienes fueron despedidos, muchos con años en funciones, denuncian que el personal nuevo que ingreso con contratos ocasionales no fue desvinculado y tampoco personal directivo.
“En los tres años mis evaluaciones han sido superiores al 95 %, nunca he recibido ninguna amonestación, ni una amonestación verbal, no entiendo en mi caso como fui evaluado”.
Los despidos tomaron por sorpresa a los gremios de funcionarios públicos que recaban información para conocer el impacto en cada institución.
No se oponen a desvinculaciones que respondan a procesos de depuración sobre evaluaciones a los funcionarios, pero están convencidos de que en este caso ese no fue el criterio. Advierten que los despidos seguirán. Miguel García, expresidente de la Federación Empleados Públicos, dijo:
“Que en máximo tres meses tienen que producirse las supresiones de partidas y dejar insubsistente a los contratos de servicios ocasionales y nombramientos ocasionales”.
Alertó que la ley de Integridad Pública eliminó el techo del 20 % de contratos ocasionales.
La Federación Médica Ecuatoriana denuncia despidos de médicos y enfermeras de la Maternidad Isidro Ayora, en Quito
Al menos ocho funcionarios habrían sido despedidos del Hospital Gineco-Obstétrico Maternidad Isidro Ayora, en Quito. La Federación Médica Ecuatoriana informó en un comunicado que con estas desvinculaciones se inició el proceso de supresión de partidas, anunciado por el Gobierno.
Según la federación, el viernes 25 de julio de 2025, fueron desvinculados:
Tres enfermeras del Servicio de Neonatología
Un médico de la Sala de Internación
Un médico de la Sala de Cuidados Intensivos Maternos (UCIM)
Un bioquímico farmacéutico
Se suma un profesional de trabajo social y un servidor administrativo.
La noticia llega luego de que el 24 de julio, Carolina Jaramillo, vocera del Ejecutivo, informara sobre el plan de desvinculación de 5 000 funcionarios públicos. En rueda de prensa, aseguró que no se tocará a médicos, enfermeros, policías, militares, personal docente y grupos vulnerables.
La Federación Médica pide reincorporar a los funcionarios
En el comunicado, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, alertó que los despidos representan “una amenaza directa” para la continuida de la atención materno-infantil. Por ello, exhortó a las autoridades de Salud a revisar los procesos y garantizar la reinstalación de los profesionales.
También instó a los profesionales médicos en todo el país a informar, de manera urgente, sobre desvinculaciones que se efectúen en estos días.
La Federación Médica anticipó que iniciará acciones legales y administrativas para proteger los derechos laborales de los profesionales de la salud. (ECUAVISA)
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