La Corte Constitucional ha cobrado protagonismo en los últimos días por las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra tres leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa. Ayer, 4 de agosto, el organismo admitió a trámite las observaciones y suspendió la aplicación de ciertos artículos de manera provisional, poniendo en jaque al gobierno.
La reciente incorporación del juez Raúl Llasag Fernández, en reemplazo de Teresa Nuques, podría complicar el panorama para Noboa, ya que se perfila una mayoría con orientación progresista.
¿La composición de la Corte Constitucional se inclina hacia el progresismo?
La Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados, con renovaciones de un tercio de sus miembros cada tres años, quienes son escogidos por sorteo.
Esa dinámica permite que la Corte se refresque cada tanto. El cambio más reciente ocurrió en marzo de este año, cuando se reconfiguró la mayoría, y luego en julio con el ingreso de Llasag.
Actualmente, los jueces son:
El presidente, Jhoel Escudero, fue posesionado en 2022, en la primera renovación de la Corte Constitucional, pero fue electo como titular en marzo de 2025. Junto a él llegaron la jueza Alejandra Cárdenas y el juez Richard Ortiz.
Aunque entraron durante el periodo de Guillermo Lasso, los tres respaldaron la admisibilidad del juicio político en su contra.
Escudero y Cárdenas tienen una visión más progresista, aunque moderada; mientras que Ortiz se ha alineado en resoluciones junto con los exjueces Nuques, Enrique Herrería y Carmen Corral, del ala más conservadora de la Corte, aunque, a veces, se convierte en el voto bisagra.
La vicepresidenta, Karla Andrade, también asumió ese cargo en 2025, pero es jueza desde 2019, cuando Julio César Trujillo emprendió una evaluación, y posterior destitución, de la llamada Corte Cervecera, así como un concurso para elegir los nuevos magistrados.
De ellos, además de Andrade, solo queda Alí Lozada. Ambos tienen una mirada ideológica más apegada al progresismo, según las resoluciones que han tomado en casos como eutanasia, o la despenalización del aborto por violación.
El último grupo asumió funciones en marzo 2025, es decir, durante la administración de Noboa. Se trata de Jorge Benavides, Claudia Salgado y José Luis Terán. Aunque su postura aún no es tan clara, Salgado tiene mayor experticia en derechos humanos; mientras que Benavides y Terán serían de una ala más conservadora, hacia el centro.
Y, finalmente, Raúl Llasag, que entró en reemplazo de Nuques. La formación académica del nuevo juez permite avizorar que tiene una postura afín al progresismo, pues tiene un PhD en Sociología, con mención en Postcolonialismo y Ciudadanía Global; además de que ha firmado artículos académicos en la misma línea, como Interpretación intercultural de la justicia indígena de en la Corte Constitucional del Ecuador.
Es decir, la balanza se inclina más hacia el progresismo, en una relación de seis a tres.
La Corte Constitucional ha sido blanco de críticas en redes sociales, previo al pronunciamiento de las leyes económicas urgentes enviadas por Noboa.
En la posesión de Jhoel Escudero, como presidente, y Karla Andrade, como vicepresidenta, los jueces se comprometieron a continuar con el trabajo imparcial que venían ejerciendo desde 2019. Andrade dijo que el tribunal continuará un trabajo bajo los parámetros de “cero corrupción, transparencia, independencia, celeridad y fortalecimiento de la institucionalidad”.
¿Qué pasará con las leyes de Noboa?
La abogada constitucionalista Ximena Ron explica que las demandas de inconstitucionalidad pasarán a manos de jueces que realizarán un proyecto de sentencia, que luego pasará al Pleno de la Corte. La experta explica que no hay un tiempo límite para que sean despachados. (ECUAVISA)
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