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El Gobierno desiste de aplazar la audiencia en la Corte Constitucional para tratar la Ley de Servicio Público

El Gobierno ya no quiere diferir la audiencia para tratar la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Público. El 14 de agosto, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, envió un documento a la Corte Constitucional en el que desiste de su pedido y solicita, además, que la audiencia sea presencial.

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“Desisto de dicho requerimiento (aplazamiento), y solicito que la audiencia para el día previamente convocado (18 de agosto) sea presencial, toda vez que los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal”, señaló Andino en el documento.

Apenas dos días antes, el martes 12, el funcionario solicitó a la Corte Constitucional suspender, al menos 15 días, la audiencia convocada para el 18 de agosto de 2025, en la que se tenía previsto tratar la demanda de inconstitucionalidad planteada en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).

Demanda de inconstitucionalidad

El pasado 8 de agosto, la CC admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que presentó el partido político Unidad Popular en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).

Así lo confirmó en una entrevista a Ecuavisa.com el director de esa agrupación política, Geovanni Atarihuana, el pasado 8 de agosto. “Nos acaban de notificar que nuestra demanda fue admitida a trámite. Entiendo que se adjunta a la sala que tratará al primer caso que es el de la Unión Nacional de Educadores (UNE)“.

“Cuestionamos la reforma a la Ley de Servicio Público, por supuesto, los despidos, la estabilidad, pero también cuestionamos lo de las cooperativas a las que les quieren convertir en bancos y la disposición que permitió el perdón de los impuestos a la Corporación Noboa“, acotó el dirigente.

Ahora, en la Unidad Popular se espera que les convoquen a la audiencia y que su causa se trate con urgencia. “Es positivo, pero lamentamos que no nos hayan dado medidas cautelares como era lo lógico porque se ha causado daños irreparables a las familias de los funcionarios despedidos”.

Atarihuana espera que la CC actúe en derecho y que se imponga la justicia. Dijo que el próximo 16 de agosto participará en la Asamblea de las Organizaciones Populares. Luego se definirá cuando retoman las movilizaciones. (ECUAVISA)