𝟑 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥

𝐑𝐢𝐨𝐛𝐚𝐦𝐛𝐚 (𝐂𝐡𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨), 𝟐𝟏 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓.- La Fiscalía General del Estado procesa a Galo Hernán M. T., Karina Paola M. L., y Marco Antonio L. F. por su presunta participación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Las víctimas ‒entre ellas una adolescente‒ habrían sido captadas mediante engaños y falsas promesas de empleo, para luego ser obligadas a mantener relaciones sexuales en hoteles de Ambato y Riobamba.

La investigación previa ‒iniciada en 2024‒ reveló que los sospechosos publicaban anuncios en Facebook, ofreciendo trabajos como ayudantes de panadería. Tras contactarlas, trasladaban a las víctimas a hoteles donde eran explotadas sexualmente.

Ante estos hechos, Fiscalía solicitó a un Juez de Garantías Penales órdenes de detención y allanamientos en domicilios de Chimborazo y Tungurahua. El 20 de agosto de 2025, durante la diligencia judicial, fueron detenidos los tres procesados y se incautaron computadores, teléfonos y documentos que simulaban contratos como “damas de compañía”, entre otros.

En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción que sustentarían la presunta responsabilidad penal de los procesados. Entre ellos constan las pericias practicadas a redes sociales de los dispositivos electrónicos, los informes de vigilancia y seguimientos dispuestos por una autoridad competente, los informes de las unidades policiales involucradas en la investigación, entre otros.

El Juez de Garantías Penales a cargo de la causa acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Galo Hernán M. T. y Karina Paola M. L., y presentaciones periódicas con prohibición de salida del país para Marco Antonio L. F.

La instrucción fiscal durará noventa días.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚

Este caso se procesa con base en el artículo 91, inciso 1 y 2, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la trata de personas con fines de explotación sexual con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (FGE)