Quito (Pichincha), 03 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado vinculó a una persona más al proceso en el que se investiga un presunto delito de peculado, que se habría cometido en la ejecución de proyectos y contratos ornamentales llevados a cabo por el municipio de Pujilí desde mayo de 2023.
Stalin G. se suma a otras dieciocho personas a quienes se les formularon cargos en agosto de 2025 y luego del análisis correspondiente, la Jueza a cargo de la causa aceptó el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en su contra.
Además, dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de las cuentas que mantenga en el Sistema Financiero Nacional. El plazo de la instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
Según lo expuesto en la audiencia de vinculación por parte del Fiscal Provincial de Cotopaxi, los hechos están relacionados con contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando José Alcides A. C. asumió la alcaldía de Pujilí. En este contexto, los procesados habría utilizado bienes públicos para beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su cargo.
De acuerdo con la investigación, antes de asumir oficialmente sus funciones, el entonces alcalde electo habría iniciado obras públicas –como la construcción de iglesias, casas comunales y caminos– con supuestos recursos privados. Posteriormente, ya como Alcalde, habría adjudicado esas mismas obras mediante procesos de contratación pública, lo que podría evidenciar un intento de justificar con fondos municipales los gastos efectuados previamente.
En ese contexto, el ahora vinculado, en su calidad de Director Administrativo del Municipio de Pujilí, participó en la ejecución de cuatro de los proyectos relacionados con la investigación, denominados: “Palmeras”, “Parque de los patos”, “Óvalos” y “Plantas”.
Para sustentar la formulación de cargos y el pedido de medidas cautelares, se presentaron como principales elementos de convicción los contratos de los proyectos mencionados, resoluciones de adjudicación, movimientos bancarios que evidenciarían pagos a contratistas y proveedores; además, documentación que certifica la calidad del procesado como servidor público e informes investigativos que determinan su nivel de participación en los hechos investigados.
Información jurídica
El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años. (FGE)
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