Quito (Pichincha), 31 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada en Antilavado de Activos No. 5, vinculó al proceso penal por presunto lavado de activos a Roberto Carlos Á. V. (alias “Gerente”), Alba Isabel C. J. (su esposa), Roberth Luis J. H. y Blanca Lusdari L. B., dentro de la causa que se investiga por este delito.
El Magistrado acogió el pedido del Fiscal del caso y dictó prisión preventiva para Alba Isabel C. J., Roberth Luis J. H. y Roberto Carlos Á. V., mientras que para Blanca Lusdari L. B., dispuso medidas alternativas, como la presentación periódica y la prohibición de salida del país.
Además, el Juez ordenó la incautación y la prohibición de enajenar bienes, así como el congelamiento de cuentas de los procesados.
La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
Durante la audiencia de vinculación, desarrollada ante un Juez de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, Fiscalía presentó nuevos elementos de convicción que motivaron la ampliación de la instrucción fiscal. Entre ellos constan informes que demostrarían el monto ingresado ilegalmente al Sistema Financiero Nacional, así como reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros.
Está investigación inició en noviembre de 2024, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE.
El trabajo investigativo permitió identificar una estructura integrada por personas naturales y jurídicas vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de activos provenientes de dichas actividades ilícitas.
Durante el operativo ejecutado el 9 de septiembre de 2025, Fiscalía y la Policía Nacional llevaron a cabo sesenta y dos allanamientos simultáneos en Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas, que dejaron quince personas detenidas y la incautación de evidencias como dinero en efectivo, armas, dispositivos electrónicos y documentación financiera.
El monto del dinero irregularmente movilizado a través del Sistema Financiero Nacional y de la adquisición de bienes muebles e inmuebles supera los 354 millones de dólares entre 2015 y 2025.
Estos cuatro procesados se suman a veinte más, entre personas naturales y jurídicas, que habrían participado en el blanqueo de capitales.
Información jurídica
Fiscalía investiga este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos con pena privativa de libertad de trece a diecinueve años. (FGE)
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