La Asamblea Nacional, con 85 votos afirmativos, se allanó a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Con esta decisión, la normativa será remitida al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia.
En la sesión del Pleno desarrollada este martes 28 de abril, el asambleísta ponente del informe, Mario Zambrano, argumentó que las cárceles han sido durante demasiado tiempo espacios en donde el crimen organizado ha desafiado al Estado.
“El hacinamiento, la falta de control y las deficiencias normativas han tenido un costo muy alto para las familias, por lo que esta reforma es fundamental. Además, mediante la objeción parcial se proponen mejoras que no cambian el espíritu de la normativa ni su esencia, sí la hacen más sólida, técnica y eficiente”, enfatizó.
Principales ejes de la nueva ley
Entre los principales cambios incorporados constan las definiciones para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, con el propósito de garantizar mayor claridad jurídica y uniformidad normativa.
Otra modificación amplía el derecho de impugnación de traslados, que inicialmente estaba limitado únicamente a personas sentenciadas. Con la reforma, este derecho se extiende a todas las personas privadas de libertad en casos de embarazo, lactancia, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como cuando se requiera tratamiento psiquiátrico.
De manera específica, se revisa la incorporación de un régimen especial para militares en servicio pasivo que se integren al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) o al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
La normativa fortalece al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como una entidad especializada, civil, armada y jerarquizada. Además, permite la incorporación de policías y militares en servicio pasivo al sistema penitenciario.
También establece la clasificación de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad según sus niveles de seguridad y riesgo, e implementa un régimen especial para internos de alta peligrosidad.
Entre otros aspectos, refuerza el sistema de inteligencia penitenciaria para prevenir hechos violentos y desarticular estructuras criminales dentro de las cárceles. Además, introduce reformas al régimen disciplinario para combatir la corrupción interna.
La ley incorpora políticas de trabajo penitenciario orientadas a la rehabilitación y reinserción social, con el objetivo de que las personas privadas de libertad trabajen para sustentar sus necesidades.
Noboa reestructura el sistema carcelario en Ecuador con nuevo reglamento
El presidente de la República, Daniel Noboa, expidió este jueves el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social mediante el Decreto Ejecutivo 366, con el objetivo de reorganizar y tecnificar el funcionamiento del sistema penitenciario en el país.
La normativa establece nuevas reglas para la ejecución de penas, la rehabilitación integral y la reinserción social de las personas privadas de libertad, bajo principios basados en la Constitución y tratados internacionales, como el respeto a los derechos humanos y la eficiencia institucional.
Uno de los principales cambios es la consolidación de un modelo más jerárquico, donde el organismo técnico rector asume el control del sistema, mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) queda como ejecutor de las políticas penitenciarias.
El decreto fortalecería además la seguridad penitenciaria al incorporar formalmente la inteligencia carcelaria, con mecanismos para detectar riesgos, prevenir delitos desde prisión y analizar redes de contacto de los internos.
En ese sentido, las comunicaciones y visitas a reos “podrán ser registradas y estar sujetas a restricciones, supervisión, monitoreo o grabación”, de acuerdo al artículo 48.
Según el artículo 47, los presos también deberán entregar un listado de las personas con las que mantendrán contacto, el cual será analizado por un subsistema de inteligencia.
A esto se suma la implementación obligatoria de un sistema informático penitenciario, que centraliza la información de cada interno, incluyendo procesos judiciales, estado de salud, conducta y beneficios, lo que permitirá una trazabilidad completa.
Clasificación de internos, condición de vida e internacionalización
El nuevo esquema también reorganiza los centros de privación de libertad, que serán clasificados por niveles de seguridad (máxima, media y mínima) y por el perfil de riesgo de los internos.
Se establecen reglas para la separación según tipo de delito, condición jurídica y nivel de peligrosidad, con el objetivo de evitar la mezcla de poblaciones carcelarias.
Además, se refuerzan las condiciones de vida, incluyendo la obligación de garantizar alimentación adecuada, atención médica y espacios que eviten el hacinamiento, así como la evaluación integral de salud física y mental al momento del ingreso.
También se abarca el trabajo penitenciario, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el mes pasado,c on el objetivo de que reos cubran sus necesidades básicas durante el cumplimiento de sus condenas. Se incorporará un registro de actividades laborales que deberá actualizarse mensualmente
El artículo 194 detalla que el eje laboral busca, entre otros objetivos, “capacitar técnica y profesionalmente a las personas privadas de libertad en artes, oficios o servicios con demanda en el mercado laboral externo, garantizando certificaciones oficiales de competencia”.
El reglamento general también impulsa la creación de unidades de reinserción social que darán seguimiento a las personas privadas de libertad incluso después de cumplir sus penas.
Asimismo, se abre la posibilidad de cooperación internacional con organismos y otros Estados para modernizar el sistema, capacitar al personal y fortalecer la lucha contra delitos transnacionales. (REVISTA VISTAZO)
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