Quito (Pichincha), 30 de abril de 2026.- Con base en el dictamen acusatorio de la Fiscalía General del Estado, el Juez de la causa llamó a juicio a diecinueve personas naturales y cinco jurídicas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Los procesados habrían blanqueado capitales por un monto de 397’796.324,38 dólares, mediante empresas de transporte pesado, ganaderas y otras compañías.
En su resolución, el Magistrado ratificó las medidas cautelares dictadas en la formulación de cargos, entre ellas la prisión preventiva para dieciséis procesados, incluido Roberto Carlos Á. V. (alias “El Gerente”). Para tres procesadas, dispuso la modificación de la periodicidad de presentación ante la autoridad competente.
Los hechos
El caso se originó en noviembre de 2024, tras un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre movimientos financieros sospechosos.
A partir de este reporte, Fiscalía identificó una presunta estructura familiar integrada por personas naturales y jurídicas, que habría operado para introducir al Sistema Financiero Nacional dinero de origen ilícito, presuntamente vinculado al tráfico de drogas y otros delitos.
Como parte de la investigación, el 9 de septiembre de 2025, Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo simultáneo en ocho provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas.
Durante esta intervención se ejecutaron sesenta y dos allanamientos, que dejaron quince personas detenidas e incautaciones de dinero en efectivo, armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación financiera.
En la audiencia, el Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado sustentó la acusación con elementos de convicción, entre ellos:
• Informes periciales contable-financieros en materia de lavado de activos, societarios y en compliance.
• Informes de agentes investigadores.
• Informes periciales de criminalística.
• Información de la Superintendencia de Compañías.
• Informes financieros que evidenciarían el ingreso de dinero irregular al Sistema Financiero Nacional.
• Reportes de la UAFE.
• Información del Servicio de Rentas Internas (SRI).
• Análisis de bienes muebles e inmuebles adquiridos presuntamente con recursos ilícitos.
Estos elementos permitieron establecer que el monto del dinero presuntamente lavado asciende a más de 397 millones de dólares, correspondiente al período comprendido entre 2015 y 2025.
Además, Fiscalía anunció las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio, en la que se determinará la responsabilidad penal de los procesados.
Información jurídica
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona a quienes oculten, transformen o integren al sistema económico recursos de origen ilícito, con penas de trece a diecinueve años de privación de libertad. (FGE)

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