Cuatro de las mayores empresas fabricantes de contenedores del mundo y siete de sus ejecutivos han sido acusados ​​de una conspiración global que afecta a miles de millones de dólares en comercio.

Siete ejecutivos chinos y cuatro de las mayores empresas fabricantes de contenedores marítimos del mundo fueron acusados ​​de conspirar para restringir la producción y fijar los precios de casi todos los contenedores marítimos estándar no refrigerados del mundo durante más de cuatro años, desde noviembre de 2019 hasta al menos enero de 2024, en violación de la Sección 1 de la Ley Antimonopolio Sherman. Esta conspiración, que se prolongó durante varios años, duplicó aproximadamente los precios de los contenedores marítimos estándar entre 2019 y 2021, incrementando las ganancias de los fabricantes de contenedores aproximadamente cien veces durante la pandemia de COVID-19 y la crisis global de la cadena de suministro. Uno de los ejecutivos, Vick Nam Hing Ma, fue arrestado y su extradición a Estados Unidos está pendiente. Seis coacusados ​​ejecutivos permanecen prófugos.

El acusado Vick Nam Hing Ma, también conocido como “Vick Ma”, “馬南慶” y “马南庆” en chino, de 54 años y originario de la República Popular China, trabajaba para Singamas Container Holdings Ltd. como Director de Marketing. Fue arrestado el 14 de abril de 2026 en Francia y su extradición a Estados Unidos está pendiente. Tras el arresto de Ma, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California hizo pública hoy una acusación formal sustitutiva que imputa a Ma y a 10 de sus co-conspiradores por conspirar para restringir la producción y fijar el precio de casi todos los contenedores marítimos estándar no refrigerados del mundo (también conocidos como contenedores secos estándar), los contenedores intermodales que transportan miles de millones de dólares en mercancías a través de los océanos hasta los hogares estadounidenses cada año. En total, la acusación formal sustitutiva imputa a 11 acusados, incluidos 10 de los co-conspiradores de Ma.

• Singamas Container Holdings Ltd. (Singamas), también conocida como “胜狮货柜企业有限公司” en chino, era una empresa que cotizaba en bolsa, organizada y existente bajo las leyes de Hong Kong en la República Popular China. Singamas se dedicaba a la fabricación de contenedores de transporte en seco y a su venta a clientes en Estados Unidos y otros países.
• China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC), también conocida como “中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司” en chino, era una empresa que cotizaba en bolsa, organizada y existente bajo las leyes de la República Popular China. CIMC se dedicaba a la fabricación de contenedores de transporte en seco y a su venta a clientes en Estados Unidos y otros países.
• Shanghai Universal Logistics Equipment Co., Ltd., también conocida como “上海寰宇物流装备有限公司” en chino, era una empresa constituida y existente bajo las leyes de la República Popular China. Shanghai Universal Logistics Equipment Co., Ltd. (en adelante, “Dong Fang”) era propietaria, administraba y operaba bajo la marca de contenedores marítimos Dong Fang International Containers, también conocida como “DF”, “DFIC” o Dong Fang. Dong Fang se dedicaba a la fabricación de contenedores marítimos secos y a su venta a clientes en Estados Unidos y otros países.
• CXIC Group Containers Co. Ltd. (CXIC), también conocida como “新华昌集团有限公司” en chino, era una empresa constituida y existente bajo las leyes de la República Popular China. CXIC se dedicaba a la fabricación de contenedores de transporte en seco y a su venta a clientes en Estados Unidos y otros países.
• Siong Seng Teo, de 71 años, también conocido como “張松聲” y “张松声” en chino, y “S. Teo”, trabajaba para Singamas como director ejecutivo y presidente. Se cree que Teo reside en la República de Singapur.
• Boliang Mai, de 67 años, también conocido como “麦伯良” en chino, trabajó para CIMC en diversos puestos de alta dirección. Desde agosto de 2015 hasta julio de 2020, Mai fue presidente y director ejecutivo de CIMC. Desde agosto de 2020 hasta el final del período cubierto por la acusación formal modificada, fue presidente del consejo de administración y director ejecutivo de CIMC. Se cree que Mai reside en la República Popular China.
• Tianhua Huang, de 62 años, también conocido como “黄田化” en chino y “TH Huang”, trabajaba para CIMC como vicepresidente. Se cree que Huang reside en la República Popular China.
• Yongbo Wan, de 47 años, también conocido como “万永波” en chino, trabajaba para CIMC como gerente general del Centro de Gestión de Operaciones de CIMC. Se cree que Wan reside en la República Popular China.
• Qianmin Li, de 62 años, también conocida como “李前敏” en chino, trabajaba para Dong Fang como gerente general. Se cree que Li reside en la República Popular China.
• Yuqiang Zhang, de 49 años, también conocido como “张钰强” en chino y “James Zhang”, trabajaba para CXIC como director ejecutivo. Se cree que Zhang reside en la República Popular China.

«Los tramposos nunca prosperan», declaró el Fiscal General Adjunto Stanley Woodward. «Este Departamento de Justicia garantiza que cuando se roben los bolsillos de los estadounidenses, se rendirán cuentas. Sin embargo, la administración anterior consideró oportuno priorizar la instrumentalización del Departamento mediante nuevas teorías de enjuiciamiento penal, en lugar de centrarse en los delincuentes más responsables de manipular los mercados para lucrarse con una pandemia mundial. Afortunadamente, este Departamento ha corregido ese error, eliminando la instrumentalización del Gobierno y priorizando garantizar la asequibilidad para todos los estadounidenses».

“Los cárteles globales de fijación de precios atentan contra nuestra libertad económica. Los acusados ​​mantuvieron como rehén el suministro mundial de contenedores marítimos durante la pandemia de la COVID-19, cuando nuestras cadenas de suministro más lo necesitaban. Robaron a los ciudadanos estadounidenses, quienes, como consecuencia, pagaron más y tuvieron que esperar más tiempo para recibir bienes esenciales”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Omeed A. Assefi, de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. “La División Antimonopolio del Departamento de Justicia está comprometida con la protección de los consumidores y con exigir responsabilidades a cualquiera, en cualquier parte del mundo, que explote a los estadounidenses para obtener beneficios ilícitos”.

“Los cargos que anunciamos hoy solo son posibles gracias a la dedicación de los hombres y mujeres de la Oficina de San Francisco de la División Antimonopolio y nuestros socios en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales (GSA), la Fiscalía Federal del Distrito Norte de California y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos”, declaró Daniel W. Glad, Fiscal General Adjunto Interino de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, responsable de la aplicación de la ley penal. “Trabajando en conjunto, estos profesionales de las fuerzas del orden llevaron a cabo una investigación exhaustiva y rápida, y están listos para probar las acusaciones de la acusación formal”.

“Según las acusaciones, estos acusados ​​intentaron aprovecharse de una pandemia mundial para aumentar sus ganancias. Su acuerdo ilegal para fijar precios y limitar el suministro de estos contenedores provocó que el consumidor estadounidense pagara más y tuviera que esperar más tiempo para recibir productos esenciales”, declaró el fiscal federal Craig H. Missakian del Distrito Norte de California. “No toleraremos ningún intento de manipular los mercados libres y seguiremos colaborando con nuestros socios de la División Antimonopolio para proteger al público de estos acusados ​​y otros similares”.

“El FBI mantiene su compromiso de proteger al pueblo estadounidense de entidades globales que conspiran ilegalmente para participar en la fijación de precios”, declaró Joe Perez, director de operaciones de la División de Delitos y Ciberseguridad del FBI. “Nos enorgullece colaborar con nuestros socios para garantizar que los delincuentes que buscan enriquecerse a costa de los consumidores sean llevados ante la justicia”.

“Estas acusaciones reflejan el compromiso de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos de colaborar con la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para procesar a las personas y empresas que restringen el comercio para beneficio personal”, declaró Kevin Cloninger, Agente Especial Ejecutivo a Cargo de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos. “Seguiremos persiguiendo y llevando ante la justicia a quienes conspiran para participar en prácticas anticompetitivas y perjudicar a los ciudadanos estadounidenses”.

“Seguiremos colaborando con las fuerzas del orden para proteger nuestra cadena de suministro e investigaremos con rigor todas las denuncias de fijación de precios”, declaró Jason Suffredini, inspector general adjunto de investigaciones de la Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos.

Según se alega en la acusación formal sustitutiva, ya en marzo de 2019, varios de los conspiradores comenzaron a discutir un plan para restringir la producción y fijar los precios de los contenedores marítimos secos estándar. Aproximadamente el 14 de noviembre de 2019, Yongbo Wan y Tianhua Huang de CIMC, Qianmin Li de Dong Fang, Yuqiang Zhang de CXIC y un ejecutivo co-conspirador de la Compañía Co-Conspiradora A se reunieron en la sede de CIMC en la ciudad de Shenzhen. El objetivo del acuerdo era aumentar el precio de los contenedores marítimos secos estándar. Para ello, acordaron restringir la producción de contenedores marítimos secos estándar de CIMC, Dong Fang, CXIC y la Compañía Co-Conspiradora A mediante diversos medios, entre ellos:

• Limitar el número de turnos y horas que cada línea de producción de envases secos estándar podría funcionar por día;
• Instalar 87 cámaras de videovigilancia en las 49 líneas de producción de contenedores secos para garantizar que las empresas no excedieran los límites acordados;
• No construir ninguna nueva fábrica de contenedores; y
• Establecer un fondo que incluyera un mecanismo para sancionar económicamente cualquier incumplimiento del acuerdo de restricción de la producción.

Los participantes contemplaron que Singamas y la empresa cómplice B se sumarían al acuerdo de restricción de producción más adelante. Dichas empresas lo hicieron, al menos desde marzo de 2020.

A lo largo de su conspiración, los conspiradores perfeccionaron el funcionamiento del acuerdo de restricción de producción. Para septiembre de 2020, acordaron restringir la cantidad de contenedores estándar para transporte marítimo que fabricarían para clientes específicos. Estos clientes incluían importantes empresas de arrendamiento de contenedores, navieras y empresas de logística con sede en EE. UU., además de empresas de arrendamiento de contenedores, navieras y empresas de logística con sede en Europa, la República Popular China y otros lugares. Y desde al menos septiembre de 2022 hasta al menos noviembre de 2023, los conspiradores acordaron limitar el volumen total de carga de contenedores que producirían. Por ejemplo, alrededor del 20 de noviembre de 2023, Vick Ma de Singamas presentó a su director ejecutivo, el coacusado Siong Seng Teo, la “capacidad total permitida” y la “cuota permitida” de producción de la conspiración, organizadas por cada empresa conspiradora y sus líneas de producción.

Tal y como se alega en la acusación, las ganancias del segmento de fabricación de contenedores de CIMC aumentaron casi cien veces, pasando de aproximadamente 19,8 millones de dólares estadounidenses en 2019 a aproximadamente 288 millones de dólares estadounidenses en 2020 y a aproximadamente 1.750 millones de dólares estadounidenses en 2021. Los ingresos netos de Singamas aumentaron de una pérdida de aproximadamente 110 millones de dólares estadounidenses en 2019 a ganancias de aproximadamente 4,6 millones de dólares en 2020 y de aproximadamente 186,8 millones de dólares en 2021.

La acusación formal modificada imputa a los acusados ​​el delito de conspiración para restringir el comercio, en violación del artículo 1 de la Ley Antimonopolio Sherman (15 USC § 1). La violación de la Ley Sherman conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa penal de 1 millón de dólares para personas físicas, y una multa máxima de 100 millones de dólares para empresas. Las multas podrán incrementarse hasta el doble de las ganancias obtenidas con el delito o el doble de las pérdidas sufridas por las víctimas, si cualquiera de estas cantidades supera la multa máxima establecida por la ley. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.

Matthew Chou, Daniel Twomey, Albert Sambat y Christopher J. Carlberg, de la oficina de San Francisco de la División Antimonopolio, están a cargo del caso, con la colaboración de la Fiscalía del Distrito Norte de California y la Sección Internacional de la División Antimonopolio. El FBI, la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos investigaron el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades francesas brindaron una asistencia significativa para lograr el arresto de Vick Ma.

Cualquier persona que tenga información relacionada con esta investigación u otros delitos de competencia y antimonopolio debe comunicarse con el Centro de Quejas de la División Antimonopolio visitando www.justice.gov/atr/report-violations .

Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.