Procesado con prisión preventiva tras el hallazgo de 354 kilos de droga

Esmeraldas (Esmeraldas), 01 de julio de 2026.- Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado permitieron que el Juez de la Unidad Judicial Penal que conoció la causa dictara prisión preventiva para César Javier Ch. C., procesado por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, a gran escala.

El hecho ocurrió la mañana del 29 de junio, cuando información reservada alertó sobre una camioneta que presuntamente transportaba sustancias ilícitas por el sector de Viche. Con base en esa alerta, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, interceptó el vehículo.

Durante el registro, los uniformados encontraron varios paquetes rectangulares envueltos en cinta de embalaje de color café en el balde de la camioneta. En la cabina también hallaron sacos de yute que contenían más paquetes con características similares.

El conductor fue aprehendido y el vehículo y la sustancia ilícita fueron trasladados a la Unidad Antinarcóticos, donde se contabilizaron 432 paquetes con una sustancia vegetal verdosa y dos paquetes con una sustancia rocosa de color beige.

Las pruebas homologadas de identificación y pesaje determinaron que se trataba de 352,7 kilogramos de marihuana y 2 kilogramos de cocaína.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó el informe de inspección ocular y técnica, el informe de reconocimiento de indicios y evidencias, el informe de identificación y pesaje de las sustancias, así como las versiones de los agentes aprehensores.

Con base en estos elementos, el Juez acogió el pedido de Fiscalía, dictó prisión preventiva para el procesado y dispuso el inicio de la instrucción fiscal por el plazo de treinta días.

Información jurídica

César Javier Ch. C. es procesado con base en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en gran escala, con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (FGE)