La psicóloga colombiana de 30 años Catalina Giraldo pasó la última década de su vida con un profundo sufrimiento y sometiéndose a todo tipo de tratamientos para sobrellevarlo.
Estaba diagnosticada con trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.
Lo intentó todo: cerca de 40 esquemas farmacológicos distintos, años de psicoterapia, terapia electroconvulsiva, infusiones de ketamina.
Desde 2019, pasó por una decena hospitalizaciones por crisis agudas y varios intentos de suicidio.
Se sentía agotada e incapaz de seguirlo intentando.
El pasado 9 de junio Catalina accedió finalmente a la eutanasia.
Falleció, como quería, pero la forma no fue la que habría preferido.
Ella había solicitado la asistencia médica al suicidio, una figura legal distinta a la eutanasia que le permite al solicitante causarse su propia muerte y no a través de un tercero.
A pesar de que el procedimiento está despenalizado en Colombia, por la falta de reglamentación esa posibilidad le fue negada.
Su caso actualmente está siendo estudiado por la Corte Constitucional de Colombia, que podría ordenar, o no, que se reglamente el suicidio médicamente asistido para que personas como Catalina puedan acceder a él.
Una inédita batalla legal
La asistencia médica al suicidio es una figura jurídica que le permite al paciente acceder a un fármaco y acompañamiento médico para morir de acuerdo con sus decisiones y deseos.
A diferencia de la eutanasia, en la cual el médico es quien administra el fármaco que produce la muerte, en el suicidio médicamente asistido es el propio solicitante quien lo hace.
Colombia es uno de los países del mundo que más ha avanzado en reconocer el derecho a la muerte digna y crear mecanismos para que sus ciudadanos puedan acceder a este.
En 2024, 352 colombianos accedieron a la eutanasia, y es un dato que crece año tras año.
Tanto la eutanasia como el suicidio asistido están despenalizados en Colombia en los casos en que la persona padece una enfermedad grave e incurable que le produce un sufrimiento físico o psicológico que no es compatible con su idea de una vida digna.
A pesar de ello, a Catalina le fue negada la posibilidad de acceder a la asistencia médica al suicidio.
Hasta el último momento, libró, junto a su abogado Lucas Correa Montoya, una batalla legal para ser la primera colombiana en acceder a esta forma de muerte digna.
Antes de morir, le pidió a la Corte Constitucional que resolviera de fondo su caso y “elimine las barreras que subsisten en el sistema de salud”, de acuerdo a un comunicado firmado por su abogado.
La búsqueda de Catalina de una muerte digna
En septiembre de 2025, Catalina Giraldo decidió solicitar la eutanasia a su EPS (entidad promotora de salud).
“Producto de una conversación con sus médicos y con su familia, Catalina hace una primera solicitud de eutanasia, porque es el único mecanismo que está reglamentado”, relata su abogado.
En el sistema de salud colombiano, las EPS son empresas públicas o privadas que se encargan de asegurar a los usuarios y administrar los recursos. Entre muchas otras cosas, son quienes autorizan procedimientos como la eutanasia.
En el caso de Catalina, la EPS le negó en esa instancia su solicitud de eutanasia, argumentando que no tenía una enfermedad grave e incurable y que todavía había tratamientos disponibles.
Según su abogado, agotar todos los tratamientos disponibles no es un requisito para acceder a la eutanasia en el país.
“Siempre habrá algo que intentar. Siempre habrá una pastilla más que tomar, una dosis distinta, una combinación diferente”, decía Correa.
En un documento dado a conocer por Noticias Caracol, Catalina argumentó que sus síntomas no habían mejorado pese a que siguió múltiples tratamientos de acuerdo a las indicaciones de sus médicos tratantes durante años.
Ante el no de su EPS, Catalina buscó abogados para poner una acción de tutela y reclamar su derecho a la muerte digna.
Fue así como llegó al despacho de Correa, que tiene amplia experiencia en el tema.
Con su asesoría, Catalina decidió intentar otro camino: el de la asistencia médica al suicidio.
Para Catalina era “valioso, en términos de libertad y autonomía, causarse ella misma la muerte”, le contaba Correa a BBC Mundo meses atrás.
Esa era la diferencia fundamental con la eutanasia, en la que el médico es quien administra el fármaco que produce la muerte.
Catalina, entonces, decidió solicitar a su EPS la asistencia médica al suicidio. Nuevamente, recibió una respuesta negativa.
La empresa le dijo, entre otras cosas, que no se encontraba “facultada legalmente” para hacerlo, por la falta de una “reglamentación específica por parte del Ministerio de Salud”.
La tensión legal
La Corte Constitucional colombiana estableció en una sentencia de 2022 que un médico no incurre en un delito cuando asiste el suicidio de un paciente que padece un sufrimiento intenso físico o psíquico producido por una enfermedad grave e incurable y este ha dado su consentimiento libre, informado y consciente.
Sin embargo, la asistencia médica al suicidio no ha sido regulada. Es decir, no existen unas reglas claras para que los médicos la realicen.
A eso se refería la respuesta de la EPS al decir que no está “facultada legalmente”.
La responsabilidad de expedir esa reglamentación recae, en principio, en el Congreso.
Pero, pese a que la Corte Constitucional se lo ha pedido en varias ocasiones, el Congreso en Colombia no ha logrado sacar adelante ninguna ley ni sobre la eutanasia ni sobre la asistencia médica al suicidio.
En el caso de la eutanasia, el Ministerio de Salud ha terminado expidiendo resoluciones que llenan ese vacío al respecto de los lineamientos que deben seguir las entidades de salud.
Pero en el caso del suicidio médicamente asistido, no.
Ese fue el obstáculo al que se enfrentó Catalina.
“Es una tormenta perfecta de negligencia. El Congreso no lo hace, pero el Ministerio de Salud tampoco, y eso hace que el sistema de salud no tenga las reglas para llevar a cabo el procedimiento”, dijo entonces Correa.
Junto a su abogado, Catalina puso una acción de tutela reclamando su derecho a la muerte digna en noviembre de 2025.
La acción de tutela es un mecanismo que tienen los colombianos para reclamar sus derechos ante un juez cuando consideran que les están siendo vulnerados.
En este caso, Catalina y su abogado le pedían al juez que le ordenara a la EPS autorizar el suicidio asistido médicamente y al Ministerio de Salud y el Congreso expedir la reglamentación necesaria.
El juez negó la tutela. Consideró que Catalina no había agotado otras vías para acceder a la muerte digna. Específicamente, no había pedido que un segundo comité médico revisara la solicitud de eutanasia que le fue negada.
Para el abogado de Catalina, esta era una decisión jurídicamente equivocada, porque ella no estaba pidiendo la eutanasia, sino la asistencia médica al suicidio.
El caso de Catalina fue seleccionado por la Corte para ser estudiado, y hasta antes de morir, ella estuvo esperando un pronunciamiento de fondo de su parte ordenando la reglamentación del procedimiento.
De esa manera, los demás involucrados habrían tenido que obedecer y se habría abierto la puerta para que ella fuera la primera colombiana en acceder al suicidio médicamente asistido.
Pero eso no sucedió.
Tras más de 10 meses librando la batalla legal y tras una nueva hospitalización, Catalina tomó la decisión de pedir que un segundo comité revisara su petición de eutanasia, que era la puerta que aún le quedaba abierta para acceder a la muerte digna sin tener que esperar a la Corte.
El procedimiento fue autorizado, y Catalina falleció el 9 de junio acompañada por su madre, su hermana y su perro, según informó su familia a Noticias Caracol.
Su lucha por el suicidio médicamente asistido, sin embargo, continúa.
*Esta nota fue publicada originalmente en marzo de 2026 y fue actualizada el 13 de julio a propósito de la muerte de Catalina Giraldo.
Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo aquí y si estás en Colombia en concreto, aquí hay un listado de líneas de asistencia.
Fuente: BBC News Mundo
Mas noticias
Quién es Zhang Zhidong, el graduado universitario chino acusado de ser el “rey del fentanilo” de México
Mi madre me enfermó intencionalmente durante años hasta que un médico la desenmascaró
Policía Nacional y agencias aliadas desarticulan red de transporte ilegal de hidrocarburos en Galápagos