QUITO.- En un ambiente de algarabía, risas y aplausos, con 106 votos afirmativos de los miembros de la Asamblea Nacional se dio un espaldarazo a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) con la aprobación del proyecto de ley reformatoria para asegurar la asignación directa y automática de los recursos permanentes y no permanentes a su presupuesto y evitar la “injusta” retención de la que acusan al Gobierno nacional.
Tras casi dos años de espera, este 7 de mayo de 2024 la Asamblea aprobó el proyecto reformatorio para asegurar la asignación directa de los recursos permanentes y no permanentes para los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que se trató en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El articulado reforma cuatro normas: el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), Código Orgánico Monetario, Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley de Régimen Tributario. Tiene seis artículos, una disposición general y tres transitorias.
La propuesta la planteó el legislador y presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en el 2021, y este martes se aprobó con 106 votos y catorce abstenciones, estas últimas de algunos legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
El objeto esencial de la norma es que de la Cuenta Única del Tesoro el Banco Central del Ecuador (BCE) transfiera de forma directa y automática los ingresos permanentes y no permanentes a los presupuestos anuales de los Gobiernos territoriales.
Para ello, el BCE deberá crear subcuentas únicas para efectuar la transferencia y evitar que la decisión pase por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La iniciativa plantea que, después de aprobada, corran 90 días para que el Ministerio de Economía transfiera “todas” las asignaciones pendientes permanentes y no permanentes.
Así también, cinco días antes de terminar el mes, el ministerio definirá los valores que se transferirán al Gobierno local y los primeros cinco días del mes hará la asignación. De lo contrario, se iniciarán los procesos legales para sancionar a los servidores responsables de no cumplir con la medida.
Según las cifras mencionadas durante el debate parlamentario, el régimen les adeuda:
Prefecturas: $ 571 millones
Alcaldías: $ 520 millones
Gobiernos parroquiales: $ 19 millones
Fondo Amazónico: $ 950 millones
Al debate asistieron representantes de los gremios, como el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope), la Asociación de Municipalidades (AME) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), quienes intervinieron en comisión general.
El presidente de la AME y alcalde de Nabón (Azuay), Patricio Maldonado, aseguró que este reclamo no es una acción política, sino de concientización para cubrir las necesidades de sus territorios y de la institución.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha y representante del Congope, recordó que está prohibido que cualquier autoridad impida la ejecución de obras, pero se incumple con la transferencia y queda a “voluntad” de las autoridades gubernamentales.
Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), quien propuso el texto, indicó que el país enfrenta una crisis, pero que es “heredada” y no es responsabilidad de la administración actual de Daniel Noboa Azín.
“Es necesario que se le ponga fin y se implemente de manera eficiente” la entrega de recursos a los Gobiernos locales e incluso para que sus autoridades puedan ejecutar su plan de campaña.
Su coideario Vicente Taiano, coordinador de bancada del PSC, acentuó que “el peregrinaje debe terminar” y aseguró que la responsabilidad no es “culpa del Gobierno actual”, sino un arrastre de anteriores mandatos.
En su alocución llamó al Gobierno de Daniel Noboa a no vetar esta ley. “Sería indolente e irresponsable vetarla”, dijo Taiano, ya que una vez aprobada volverá al Ejecutivo para que la objete parcial o totalmente.
“Hoy vamos a ver quién va a votar por los ciudadanos que nos trajeron aquí. Vamos a tomarles la lección a los legisladores del país”, los desafió.
Los discursos se enfocaban en la falta de voluntad política para transferir los dineros y la injusta retención de la recaudación tributaria.
Desde las bancadas del PSC y del correísmo en la Revolución Ciudadana (RC) hubo apoyo al proyecto para evitar que sea una “moneda de cambio” usada por el régimen para presionar a los alcaldes, prefectos o vocales de juntas parroquiales.
Tras más de una docena de intervenciones, antes de las 14:00, Kronfle propuso votar en dos mociones. La primera fue aprobar la ley, sin el inciso segundo de la disposición transitoria tercera.
Hubo 106 votos a favor y 14 abstenciones, cero blancos y cero en contra. En medio de la votación, los legisladores incitaban a otros a pronunciarse por este cuerpo legal.
La segunda moción planteaba aprobar el inciso segundo de la disposición transitoria tercera, en la que se disponía que el “Ministerio de Economía y Finanzas tendrá como plazo de cumplimiento el ejercicio fiscal de 2023, para lo cual deberá realizar el cálculo de las asignaciones e ingresos permanentes y no permanentes que se encuentren pendientes, debiendo asignar los valores al presupuesto dentro del ejercicio fiscal sin mérito a excusas”.
La propuesta no se aprobó.
Estas reformas plantean que el Banco Central será el responsable de determinar automatizadamente, de manera mensual, los ingresos del presupuesto general del Estado en función del cálculo proporcional mensual que les corresponda a los GAD.
Además, tiene como deber transferir automáticamente la parte que legalmente corresponda a las subcuentas especiales de cada Gobierno local.
De acuerdo con el trámite legislativo, esta ley se enviará a la Función Ejecutiva para que decida la ratificación, el veto parcial o total. Tiene un plazo de 30 días para enviar su pronunciamiento. (DIARIO CORREO)
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