Fiscalía procesa a 33 personas por presunto tráfico de armas y a una más por incumplimiento de decisiones legítimas

Guayaquil (Guayas).- Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscal de turno, el Juez de turno en la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo dictó prisión preventiva para treinta y tres procesados por presunto tráfico de armas.

Todos fueron aprehendidos por las unidades especializadas de la Policía Nacional –como GIR, GOE, UNEMA y UMO– que actuaron en el allanamiento ejecutado la madrugada de este viernes 10 de mayo, en una finca ubicada en la Vía a la Costa.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, varios de los asistentes a la fiesta que se desarrollaba en el lugar intentaron huir, lanzando en el camino las armas que portaban. Sin embargo, los agentes los neutralizaron y recuperaron dichas armas.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó como elementos de convicción: el parte de aprehensión de los treinta y tres involucrados, el acta de indicios, en la que constan cuarenta y seis armas de fuego –entre cortas y largas–, 1.316 municiones, 208 celulares, dinero en efectivo, entre otros.

Entre los ahora procesados están: Celso M., alias “Patucho Celso”, quien registra antecedentes penales por asociación ilícita y tenencia y porte de armas; Rolando G., alias “Feder”, vinculado a la organización terrorista ‘Las Águilas’, con antecedentes por asesinato, robo, asociación ilícita y tenencia y porte de armas; y, José C., con antecedentes por robo y enriquecimiento ilícito.

Al finalizar la diligencia, el Juez ordenó prisión preventiva para todos los procesados y notificó el inicio de una instrucción fiscal de treinta días.

Los procesados podrían enfrentar una pena de cinco a siete años de prisión, tal como establece el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de tráfico de armas.

Otro proceso
Fiscalía también procesa a Jacobo B. –aprehendido en el mismo allanamiento– por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, debido a que se constató –por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI)– una presunta manipulación del dispositivo de vigilancia electrónica, cuya colocación fue ordenada por el Juez de otra causa.

Pese a que Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el Juez de Flagrancia ordenó para Jacobo B. P. prohibición de ausentarse del país y arresto domiciliario.
La instrucción fiscal de esta causa durará treinta días. (FGE)

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