Baba (Los Ríos), 07 de junio de 2024.- El Tribunal de Garantías Penales que conoció la causa acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó sentencia condenatoria contra Luciano A.: le impuso una pena privativa de libertad de veintidós años por su responsabilidad en el asesinato de un hombre, perpetrado en diciembre de 2019.
El hecho investigado ocurrió en el sector conocido como Cadi, en la parroquia Guare del cantón Baba. En el patio de una vivienda del lugar jugaban bingo, cuando –aproximadamente a la 01:00– el hoy sentenciado ingresó al lugar y disparó en varias ocasiones en contra de un hombre, provocándole la muerte.
Una vez cometido el crimen, el atacante huyó del sitio a través de los matorrales y no pudo ser ubicado por los agentes policiales que acudieron a atender la emergencia.
Fiscalía continuó con las pericias investigativas y obtuvo los elementos de convicción suficientes para formular cargos y posteriormente lograr que se llame a juicio al atacante.
No obstante, el proceso quedó suspendido, debido a que el imputado estuvo prófugo de la justicia hasta junio de 2023, cuando se ejecutó la orden de detención por parte del grupo de búsqueda de la Policía Nacional, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
En la audiencia de juicio, la Fiscal del caso presentó como elementos de convicción: los testimonios de varias personas que presenciaron el crimen e identificaron al ya sentenciado como el autor de los disparos. Además, el acta de levantamiento del cadáver, el informe de la autopsia (que certifica que la muerte violenta fue a causa de varios impactos de bala), el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el levantamiento de evidencias.
También se expusieron los testimonios de los policías que acudieron al sitio luego de reportada la emergencia, el parte policial de captura, entre otras pruebas que confirmaron la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado.
Información jurídica
El delito de asesinato está tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (FGE)
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