Ministra de Trabajo pide a Contraloría revisar contratos colectivos de 4 empresas públicas

Los contratos colectivos están en la mira del Gobierno y de la autoridad del trabajo en Ecuador. Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, pidió a la Contraloría auditorias especiales sobre estos acuerdos.

Se trata de los contratos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). También de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.

Este lunes 1 de julio del 2024, la ministra del Trabajo acudió a la sede principal de la Contraloría, en Quito, donde entregó un paquete de documentos al contralor Mauricio Torres.

Núñez busca que se determinen si existen o no responsabilidades administrativas o señales de responsabilidad penal en estos contratos, los cuales, según su ministerio, no cumplen con las normativas actuales.

Supuestas irregularidades según la ministra de Trabajo

El Ministerio del Trabajo tiene meses investigando los criterios utilizados para aprobar estos contratos colectivos, que resultan, según las autoridades, en una significativa pérdida de recursos públicos.

Se ha identificado que algunos empleados han recibido salarios superiores al del presidente de la República y beneficios poco comunes en el sector público.

El 11 de junio, el Ministerio del Trabajo promulgó un nuevo reglamento sobre contratos colectivos y actas transaccionales, aplicable tanto al sector público como al privado. Todo con el objetivo de evitar despropósitos en futuros mecanismos.

Este reglamento, firmado por Núñez, dispone que el Gobierno Nacional revisará todos los contratos colectivos en entidades públicas, municipios, prefecturas y otras organizaciones. Pretende verificar si tienen aprobación necesaria del Ministerio de Economía.

Además, el Ejecutivo estableció límites salariales para el sector público, en un esfuerzo por controlar los costos y asegurar la equidad salarial.

Varios representantes de gremios de estas empresas públicas se defienden de los beneficios obtenidos. Aseguran que se trata de mecanismos para blindar la estabilidad laboral y que no se busca enriquecer a sus beneficiarios. (EL DIARIO)