Manabí es una de las provincias donde más se han destituido a funcionarios judiciales en los últimos cuatro meses.
Esto según información que maneja y ha hecho pública el Consejo de la Judicatura (CJ).
Los casos Metástasis, Purga y Plaga han sido los de mayor connotación nacional y por los que más casos de destituciones han habido.
Los problemas en los funcionarios se agravaron este año. Desde febrero hasta junio el (CJ) ha destituido a 53 trabajadores de justicia.
De las 53 destituciones, 25 son jueces vinculados, por la Fiscalía, al crimen organizado. En otros casos cometieron alguna negligencia.
Guayas es la provincia con más casos. Son 15 en total, lo que hace que los procesos penales se retrasen.
En Manabí, ocurre algo similar. En esta provincia tres jueces, un fiscal y otros cuatro trabajadores judiciales han sido separados de sus funciones.
Funcionarios judiciales tras las rejas
Así lo señala el informe de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura que además destaca irregularidades.
Otros 36 funcionarios aún ocupan sus cargos. Esto pese a que debieron ser destituidos por negligencia y error inexcusable.
El informe reseña que de estos, 31 de son jueces y cinco son fiscales.
En Pichincha, por ejemplo, doce funcionarios han sido desvinculados. Entre ellos no hay jueces. Aun así, el Colegio de Abogados describe problemas por la escasez de magistrados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por la seguridad de jueces y fiscales en el Ecuador.
El martes 14 de mayo del 2024 la CIDH anunció que le realiza seguimiento a varias investigaciones en el Ecuador.
De manera especial se ha centrado en la “penetración del crimen organizado en la Función Judicial“.
Estas investigaciones las lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Diana Salazar.
Los destituidos tienen relación con los casos Metástasis y Purga, pero el Consejo de la Judicatura aún debe resolver qué pasará con otros vinculados con delincuencia organizada en el caso Plaga que con sus decisiones favorecían a los delincuentes.
Algunos de estos funcionarios judiciales se encuentran tras las rejas y otros con medidas alternativas a la prisión. (EL DIARIO)
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