Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y la exvocal del organismo, Maribel Barreno, no fueron censurados de ejercer cargos en la función pública. La noche del miércoles 17 de julio, el pleno de la Asamblea Nacional no aprobó la moción de censura presentada por el legislador Jorge Peñafiel, quien impulsó el juicio político contra los dos exfuncionarios, acusándolos de presunto incumplimiento de funciones.
Se requerían de 92 voto afirmativos para aprobar la moción de Peñafiel, pero se obtuvieron 88 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos y 47 abstenciones.
Los votos afirmativos vinieron de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), y de los movimientos Acción Democrática Nacional (ADN), Construye y Pachakutik, más asambleístas independientes. Las abstenciones salieron del bloque correísta Revolución Ciudadana (RC).
La votación se tomó alrededor de las 22:50, luego de que 16 asambleístas participaron en el debate después de escuchar las extensas intervenciones del interpelante del juicio, el asambleísta Jorge Peñafiel, así como de los dos interpelados, quienes presentaron sus argumentos de cargo y descargo, respectivamente.
La sesión plenaria 944 inició el martes 16 de julio, pero se suspendió luego de que Barreno compareció en el pleno, ya que, por pedido del movimiento Revolución Ciudadana, el Parlamento requirió al SNAI que traslade a Wilman Terán desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, hacia el hemiciclo de la Asamblea, en Quito, para que asista físicamente al pleno y ejerza su derecho a la defensa.
La sesión se reinstaló alrededor de las 15:30 del miércoles con la presencia de Terán y culminó tras más de siete horas
El interpelante acusó a Terán y Barreno por supuestas irregularidades en la suspensión y posterior destitución del exjuez nacional Walter Macías; por la “extensión arbitraria” de jueces de la Corte Nacional de Justicia sin concurso de oposición y méritos; y, por irregularidades en el concurso de oposición y méritos para la designación de jueces de la Corte Nacional.
Los dos exfuncionarios negaron los señalamientos y defendieron como lícitas sus actuaciones, dentro del marco de las competencias de sus funciones en el Consejo de la Judicaturas. (DIARIO CORREO)
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