Quito (Pichincha), 31 de julio de 2024.- Álex Q., Marco M. y Jesús R. fueron sentenciados a treinta y seis meses de prisión –en calidad de colaboradores y mediante procedimiento abreviado–, dentro de la causa en la que se investiga el delito de delincuencia organizada.
En la diligencia, los procesados aceptaron su participación en los hechos investigados por Fiscalía: reconocieron ser parte de la organización narcodelictiva que se dedicaba al envío de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, aprovechando las conexiones con empresas y funcionarios de los puertos desde donde se enviaban los cargamentos a varios países de Europa (como Bélgica, Países Bajos y España).
Para lograr sus objetivos, la organización delictiva reclutó a funcionarios de puertos, conductores de transporte pesado, personas relacionadas con empresas dedicadas a la exportación, entre otros, quienes cumplían las órdenes de los líderes de la agrupación criminal: Dritan G. (albanés), Mario S. (argentino) y Carlos G. (ecuatoriano).
El Fiscal a cargo del caso –en la audiencia de procedimiento abreviado– presentó como elementos de convicción (que toman la categoría de pruebas): el informe investigativo, que da cuenta de –al menos– once eventos relacionados con el envío de decenas de toneladas de droga, a través de la modalidad de “gancho ciego”, que consiste en contaminar contenedores de mercadería de exportación lícita (frutas), con sustancias ilícitas.
Además, certificaciones de varias entidades del Estado, en las que se certifica que ninguno de los ahora sentenciados registraba relación de dependencia laboral o actividad comercial alguna, aunque sí se evidenciaron transacciones económicas efectuadas por ellos, por grandes cantidades de dinero.
Esos y otros elementos de convicción demostraron la responsabilidad de los procesados en el delito investigado.
Fiscalía demostró que Marco M. era uno de los conductores de transporte pesado que la organización reclutó para movilizar las sustancias ilícitas, que Álex Q. se dedicaba a visitar las fincas donde se producía la fruta de exportación para buscar la manera de contaminarla con droga, antes de enviarla al exterior, y que Jesús R. era el encargado de las actividades logísticas de la organización delictiva.
Sobre la base de esos hechos y de los elementos presentados, Fiscalía solicitó –como lo dicta la norma legal– que los tres sean condenados a cuarenta meses de prisión.
Sin embargo, el Juez de Garantías Penales de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó sentencia de treinta y seis meses de prisión para cada uno de los procesados, y ordenó el pago de una multa equivalente a doce salarios básicos unificados para cada uno.
Además, para Jesús R. dispuso el pago de 4.500 dólares como reparación integral, monto que corresponde al dinero que reconoció haber recibido por parte de la organización delictiva para las actividades ilícitas a él encomendadas. (FGE)
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