La Libertad (Santa Elena).- La Fiscalía procesó a dos ciudadanos, de nacionalidad venezolana, luego de que fueron aprehendidos en operativo un policial ejecutado en el recinto “El Mamey”. En su poder se hallaron armas de fuego, municiones de diferentes calibres, granadas, uniformes policiales, droga y dinero en efectivo.
El Juez que conoció la causa acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los ciudadanos Clemente José H. O. y Andry Enrique P. T. La Fiscalía no formuló cargos contra una tercera persona aprehendida, una mujer que se encontraba en el lugar del allanamiento, ya que no encontró nexos ni elementos que la relacionen con el hecho investigado. El cierre de la instrucción fiscal durará 30 días.
En audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, el acta de ingreso de evidencias, entre otros elementos de convicción.
Según el parte policial, gracias a denuncias reservadas se obtuvo información de que personas no identificadas almacenaban armas de fuego y municiones al interior de una vivienda, el recinto “El Mamey”, por esa razón, se ejecutó un allanamiento en donde se aprehendió a tres personas.
En el lugar se encontró: armas de fuego (entre pistolas, fusiles y escopetas), más de mil municiones calibre 9 mm y 5.56, sustancias sujetas a fiscalización (260 gramos de marihuana), 17 granadas tipo militar (de fragmentación y con sistema de espoletaje), uniformes policiales, 2 chalecos antibalas y dinero en efectivo.
La Fiscalía solicitará al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, la realización de pruebas de aptitud de disparo y el ingreso de los testigos balísticos al Sistema IBIS, de las armas incautadas, para confirmar si estas fueron utilizadas en otros hechos criminales.
Información jurídica
La Fiscalía procesó este caso con base a lo dispuesto en los artículos 362, inciso primero; y 220, inciso primero, literal b., en un concurso real de infracciones, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona estos delitos con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años y de cinco a siete años, respectivamente. (FGE)
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