QUITO.- Que se abra un nuevo concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con un reglamento reformado es la exigencia que hace el Colegio de Abogados de Pichincha al Consejo de la Judicatura (CJ) ante la posibilidad de que existan irregularidades en torno a las pruebas de confianza y la recalificación realizadas dentro de la fase de méritos del proceso que busca llenar vacantes en el más alto órgano de justicia ordinaria del país.
“Pedimos que se reforme el reglamento, se convoque inmediatamente a un nuevo concurso, y estamos demandando a la Contraloría General del Estado (…) que se haga un examen especial a toda la gestión del concurso por parte del Consejo de la Judicatura. No solo a la prueba de confianza o a la contratación de la empresa, sino que se haga un examen de gestión a todo el concurso, a todos los funcionarios que participaron en ese concurso, y se le dé al país una explicación de qué ocurrió en el mismo”, sostuvo Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha.
El dirigente en rueda de prensa explicó que demandar que se abra un nuevo concurso con un reglamento reformado fue una de las decisiones más importantes adoptadas por el Colegio de Abogados de Pichincha en aras, anotó, de rescatar al sistema de justicia del abismo al que ha caído, del fondo del pozo en el que se encuentra y en el que no puede seguir.
Para Guzmán se necesitan urgentes cambios en el sistema de justicia, y este tiene que empezar por contar con juezas y jueces de Corte Nacional que efectivamente tengan la idoneidad y la probidad suficiente para merecer ese cargo.
Los integrantes del pleno del CJ, en una sesión extraordinaria la noche del 15 de agosto pasado, decidieron devolver a las áreas técnicas respectivas los informes sobre la prueba teórica del concurso para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional y suspender su conocimiento hasta que la Contraloría General entregue los resultados del proceso contractual mediante el cual se ejecutó la prueba de confianza.
Las medidas se estarían tomando ante la posibilidad de que existan irregularidades en torno a las pruebas de confianza y la recalificación realizadas dentro de la fase de méritos del proceso. El 13 de agosto último, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría al proceso contractual mediante el cual se ejecutó el examen de confianza, que estuvo en manos de la empresa Métricas Web S. A.
Las autoridades del CJ dispusieron a la Dirección General y las direcciones nacionales de Talento Humano, Transparencia de Gestión y Administrativa que presenten, en el término de diez días, un informe al pleno del organismo sobre el proceso de contratación con la empresa Métricas Web.
Además, desde la Judicatura se informó que se modificará el cronograma del concurso, una vez que la Contraloría General notifique los resultados de la mencionada auditoría interna. Desde la Judicatura se ha insistido en decir que el concurso se ha desarrollado con transparencia, y que en méritos, pruebas psicológicas y prueba teórica participaron actores externos y no el CJ.
El representante del Colegio de Abogados de Pichincha sostiene que la institución de la que es parte plantea que el nuevo concurso que se convoque tiene que contar con una veeduría real, y lo que proponen es que no sea solo la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana, sino que la veeduría que debe observar este nuevo concurso tiene que estar integrada por miembros de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y miembros de la academia.
“Esta veeduría debe tener acceso a todo el proceso y a toda la documentación. No puede haber veedurías que simplemente se limitan a recibir los informes que les envían y con los informes simplemente decir que están cumpliendo su función. No, tenemos que ir al fondo, y eso significa efectivamente que se abra un nuevo concurso, pero que ese concurso vaya con todas las garantías para que no sigamos en esta situación terrible en la que nos encontramos”, pidió el director Guzmán.
La vocal del CJ Yolanda Yupangui ha adelantado que, para tomar cualquier decisión respecto al concurso de jueces y conjueces para la Corte Nacional, se debe tener la fundamentación necesaria para decir con paso firme: “Esto es lo que tenemos que hacer”.
“Primero tenemos que establecer si existió o no existió error; ahora, desde dónde hasta dónde va el error, qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a sanear este problema. Esto lo haremos cuando el doctor (Mario Godoy) reciba el informe de la Contraloría, por una parte, y los vocales hayamos recibido la información que hemos solicitado a las áreas responsables; me refiero a Talento Humano y me refiero a la Dirección General, en parte, y también a Transparencia, que lógicamente hace un seguimiento”, sostuvo. (DIARIO CORREO)
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