Quito (Pichincha), 28 de agosto de 2024.- Luego de la valoración de las pruebas, Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a Marco R., Orlando R. y César R. (quienes pertenecen a un mismo grupo familiar), a diez años de pena privativa de libertad por lavado de activos. Fiscalía probó que causaron un perjuicio por 1’623.367,54 dólares. Además, fue declarada culpable la empresa Llakirurak Global Investment S. A.
La sentencia también incluye el pago de una multa que equivale al triple del monto del dinero lavado y, como reparación inmaterial, se dispuso la publicación de la sentencia en la página de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Los ahora sentenciados fueron detenidos la madrugada del 30 de agosto de 2023, durante un operativo que se ejecutó en el marco de una investigación por lavado de activos, derivada de una causa por captación ilegal de dinero.
En abril de 2024 se llevó a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio donde el Juez que conoció la causa dictó auto de llamamiento a juicio para todos los ahora sentenciados.
Según la teoría del caso, en el 2020, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió un comunicado mediante el cual se alertaba a la ciudadanía respecto a que Llakirurak no contaba con la autorización para su funcionamiento.
Fiscalía recibió un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre la presunta comisión del delito, por lo que se inició una investigación en la Unidad Antilavado de Activos, en el 2022.
Luego del análisis de dicha información, se encontraron indicios que daban cuenta de que, entre 2017 y 2022, los procesados, de forma directa y por medio de la empresa Llakirurak, habrían simulado que sus activos provenían de actividades lícitas, a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por un valor aproximado de 1’534.830,22 dólares, con el objetivo de ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional.
Producto de la investigación, se determinó que los sentenciados se beneficiaron por cerca de 3,5 millones dólares. Por este hecho, Fiscalía mantiene abierta otra investigación por medio de captación ilegal de dinero.
Marco R., Orlando R., César R. efectuaron actividades de intermediación financiera y servicios de inversión, como pólizas que ofrecían rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o 700% trianual.
Esta captación ilegal era ofertada a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos públicos, en los que se exponía que Marco R. era copropietario de una empresa internacional denominada Emporio Global (empresa ficticia) y de la empresa nacional Llakirurak Global Investment, lo que servía como una aparente garantía de legalidad.
En el desarrollo de la audiencia de juicio, la fiscal del caso presentó pruebas recopiladas en la investigación alrededor de treinta y siete testimonios, entre las que se incluye la del agente investigador y varios peritos.
Como prueba documental, la Fiscalía expuso documentación de instituciones públicas y privadas, tales como el SRI, IESS, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Notarias, Agencia Nacional de Tránsito, Registro Civil, Registro de la Propiedad.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena de hasta 13 años de privación de libertad. (FGE)
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