Quito (Pichincha), 09 de octubre de 2024.- Con base en cincuenta y nueve elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos a la exlegisladora Bella J. –en calidad de autora–, Jorge P. (su hijo), Jimmy J. (su hermano) y Elena O. (su cuñada) –como cómplices– por su presunta participación en el delito de concusión.
En su resolución, el juez nacional Marco Rodríguez ordenó la colocación de grillete electrónico, la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país para los cuatro.
Además, la retención de cuentas por 5.520 dólares a cada uno, con la finalidad de garantizar el pago de una eventual multa; la prohibición de enajenar bienes por 20.000 dólares a la imputada en el grado de autora y por 10.500 dólares a los presuntos cómplices, para garantizar una eventual reparación integral.
Teoría del caso de Fiscalía
Luego de Bella J. fuera elegida como legisladora por votación popular, el 7 de febrero de 2021 –y una vez posesionada en su cargo–, habría exigido 3.000 dólares a un ciudadano, a cambio de vincularlo laboralmente como parte del equipo de su despacho legislativo.
Ante esta exigencia, el 27 de abril de 2022, habría transferido el dinero a la cuenta de Jorge P., hijo de la exasambleísta. Tras esta acción, la entonces legisladora solicitó a la Presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador la vinculación laboral del mencionado ciudadano, quien ocuparía el cargo de asesor nivel 2.
Pero este no es el único hecho que Fiscalía investiga, pues Bella J. habría continuado abusando de su cargo: alrededor de la misma fecha, Elena O. (su cuñada) habría contactado a otra ciudadana con la finalidad de ofrecerle un cargo como asistente 2 en la Asamblea Nacional, en el despacho legislativo de Bella J. Para el efecto, habría exigido 6.000 dólares, a cambio de su contratación.
Una parte del dinero habría sido entregada al hermano de la entonces legisladora, Jimmy J. –a través de un cheque–, recalcando que la diferencia se consignaría cuando se efectivice la contratación.
La mujer fue contratada; sin embargo, dos meses después, fue notificada con la terminación de su contrato sin que recibiera explicación alguna.
Fiscalía presentó certificados y oficios que demuestran las vinculaciones laborales de los denunciantes al despacho de Bella J. en la Asamblea Nacional.
También, interceptaciones telefónicas, que dan cuenta de las acciones antes descritas, que configurarían el ilícito que se investiga en este caso.
A esto se sumaron informes periciales, certificaciones bancarias de las transacciones efectuadas, versiones, entre otros.
La instrucción fiscal durará 90 días. (FGE)
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