Ibarra (Imbabura), 20 de noviembre de 2024.- Roberto Carlos F. fue sentenciado a treinta y cuatro años y ocho meses de prisión como autor de femicidio de su pareja, Kerly G., ocurrido en marzo de 2024. El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura dictó la sentencia tras haber valorado las pruebas presentadas por Fiscalía.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscal del caso detalló que, la noche del 27 de marzo de 2024, la adolescente asistió con sus amigos a un repaso del viacrucis en la iglesia de la parroquia Mariano Acosta, en el cantón Pimampiro. A las 22:00, Kerly salió hacia su domicilio acompañada de un amigo. En el camino, Roberto Carlos F. la agredió con un machete, hiriendo también al amigo de la víctima, quien logró huir para pedir ayuda.
Kerly G. fue llevada a la fuerza en una moto por el agresor y un amigo menor de edad. Su cuerpo fue encontrado el 28 de marzo de 2024.
Este hecho fue demostrado con los testimonios de los amigos de Kerly y del personal policial que participó en la búsqueda y captura del agresor, y su acompañante.
La médico legal –quien practicó la autopsia– determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral, fractura de cráneo y trauma craneoencefálico, provocados por un objeto contuso cortante.
La víctima presentaba seis heridas punzocortantes, una en la mano izquierda como defensa. Además, se reveló que tenía una fractura del hueso hioides post-mortem y que los dedos de los pies presentaban heridas por fricción (al subirla en la moto sus pies fueron arrastrándose).
El adolescente que acompañó al sentenciado declaró haber sido cómplice del femicidio. Relató que aquella noche estuvo con Roberto Carlos F. y vio cómo agredió a la víctima, y a su amigo. Luego, subieron a Kerly a la moto y, al llegar al páramo, la enterraron.
Tras el crimen, ambos regresaron a la casa del femicida para bañarse y cambiarse, donde fueron capturados por la Policía. Allí se hallaron varios indicios, como las botas de caucho del agresor, prendas con la sangre de la víctima y el estuche del machete.
Los informes de la pericia de trabajo social indicaron que Kerly vivía en un círculo de violencia, en una relación de poder asimétrico porque era mujer, adolescente e indígena, factores que la hacían doblemente vulnerable.
La perita concluyó que el victimario truncó el proyecto de vida de la joven, quien cursaba el último año de bachillerato y estudiaba para ser auxiliar de enfermería. La muerte violenta de Kerly dejo a su madre y hermanos como víctimas indirectas.
Información jurídica
Este caso se judicializó conforme al artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la circunstancia agravante del artículo 142 del mismo cuerpo legal. (FGE)
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