El pasado 26 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional tenía previsto tratar el segundo y definitivo debate sobre el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Copina). Sin embargo, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, decidió postergar la convocatoria del Pleno para lograr consensos entre bancadas, pues de momento no hay acuerdos.
La discusión se centra en las sanciones a los adolescentes infractores. Para un grupo de asambleístas, es la oportunidad de endurecer las sanciones para los menores de edad que cometan delitos contra la vida.
Mientras que, para otros legisladores, es mejor que los adolescentes se mantengan alejados del mundo criminal lo más posible para lograr una real rehabilitación.
El proyecto es extenso, tiene cuatro libros: el primero, sobre derechos y garantías; el segundo, que aborda las relaciones de niños, niñas y adolescentes y su familia; el tercero, sobre los sistemas de protección, planes, programas y proyectos de cada institución; y el cuarto, de la responsabilidad penal de adolescentes.
El informe de minoría propone endurecer las penas contra adolescentes infractores
En la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se elaboró un informe de minoría, como alternativa al texto original, respaldado por la presidenta de esa mesa legislativa, Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana (RC).
El asambleísta que encabeza la propuesta, Jorge Peñafiel, de Construye, explica que en el documento se plantea el endurecimiento de penas para los adolescentes que cometan delitos como asesinatos, homicidios, sicariatos o femicidios, y tengan entre 12 y 17 años. Mientras que, para delitos como el secuestro y extorsión se eliminen las medidas de beneficios carcelarios o terminación anticipada de los procesos.
La propuesta es que los menores de edad sean juzgados como adultos.
El argumento de Peñafiel y los asambleístas que respaldan la propuesta es que Ecuador enfrenta un conflicto armado interno contra los grupos de delincuencia organizada, que operan mediante el reclutamiento a menores de edad para cometer delitos.
Según el legislador, la Asamblea debe entregar unas reformas al Código de la Niñez de acuerdo con el momento de violencia que vive el país.
A su criterio, si ya no hay beneficios para los adolescentes que cometan delitos, entonces no habría razón para que los cabecillas de los grupos criminales los prefieran como ejecutores de sicariatos, microtráfico, etc.
Las cifras reflejan un incremento de detenciones de menores de edad en delitos
Las cifras de la Policía Nacional muestran un incremento importante de detenciones de menores de edad involucrados en diferentes delitos.
De enero a mediados de octubre se reportaban 3 086 casos, casi el doble de los registrados en 2023 y 2022.
La experta en seguridad e investigadora sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para grupos criminales, Katherine Herrera, explica que es un problema común y latente que el Estado no ha logrado resolver.
Dice que lo novedoso y preocupante es que ahora el reclutamiento es de entre ocho a 12 años, es decir, niños y niñas que ni siquiera tienen consciencia clara de sus actos y cuyo contexto social y familiar dificulta que entiendan que están cometiendo un delito.
Herrera añade que hay un factor de cultura criminal en ciertas comunidades. Es decir, formar parte de una pandilla o una organización delictiva te da mayor seguridad y garantía que una familia o una escuela.
En un reportaje publicado por Ecuavisa.com, en la sección de La Noticia a Fondo, el 10 de octubre pasado, se detallaba que Los Latin Kings, Chone Killers y Los Tiguerones son los principales grupos criminales que más reclutan a los jóvenes, principalmente en Guayaquil, Durán y Esmeraldas.
A criterio de la experta, la solución para esta realidad no es tratar a los adolescentes como adultos en las sanciones, porque si van a los centros penitenciarios tendrán que aliarse a las bandas que dirigen cada pabellón.
Una alternativa puede ser reforzar los programas sociales dirigidos para diferentes edades para garantizar que los niños y adolescentes tengan el acompañamiento durante su desarrollo. Además, la analista explica que las mujeres tienen un rol clave al momento de proteger a los miembros de las comunidades y que lo ideal sería identificarlas, asesorarlas y apoyarlas.
¿El informe de mayoría defiende a los adolescentes infractores?
La asambleísta Pierina Correa, que preside la mesa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dice que los asambleístas que se oponen al informe de mayoría no han leído el documento, porque se mantienen sanciones para adolescentes infractores.
Asegura que el documento se hizo recogiendo criterios de la Corte Constitucional y de organismos internacionales. Cuenta que hay documentos que recomiendan la imputabilidad de los adolescentes desde los 16 años, sin embargo, en el informe de mayoría se mantiene desde los 14.
Correa dice que cuando se trata de delitos que cometen los menores de edad debe aplicarse una justicia restaurativa, en lugar de punitiva. Eso significa que hay un sistema de reintegración y atención de los jóvenes.
En cuanto al respaldo legislativo, la asambleísta Correa dice que hay una campaña con pasquines para desinformar sobre la ley y que están haciendo acercamientos con las demás bancadas para conseguir los votos. (DANIELA MAGGI – ECUAVISA)
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