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El Gobierno hace un llamado a la Corte Constitucional para que tome en cuenta la relevancia de la Ley de Combate al Lavado de Activos

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado, este viernes 20 de diciembre de 2024, luego de que la Corte Constitucional (CC) suspendiera, de momento, la aplicación de la Ley de Combate al Lavado de Activos y que fue bautizada por el Gobierno Nacional como Ley Antipillos.

Lo hizo en su cuenta de X. “La Ley Antipillos es una herramienta esencial para combatir y ahogar el financiamiento del crimen organizado y que, hace semanas atrás, los pillos y sus aliados buscaron sepultarla”. Enfatizó que la decisión de tres jueces de la CC, Karla Andrade, Jhoel Escudero y Daniela Salazar pone en una peligrosa pausa un instrumento clave en esta lucha.

Para el Ejecutivo, el problema es de carácter jurídico y constitucional. Se originó en la Asamblea Nacional porque se vulneraron las disposiciones de la Carta Magna y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). No se respetaron los procedimientos. Al Contrario, se siguió un camino que puso en riesgo la vigenciade una herramienta para la lucha contra el crimen organizado.

El Gobierno presentará ante la CC los argumentos para que este tema sea analizado a profundidad e imparcialidad y con respeto a la independencia de funciones. Hizo un llamado para que la Corte considere la trascendencia de la Ley Antipillos y que se priorice el respeto al marco constitucional.

La Corte Constitucional suspende de momento la aplicación de la Ley de Combate al Lavado de Activos

La Ley de Combate al Lavado de Activos, o bautizada por el Gobierno como Ley Antipillos, no puede aplicarse momentáneamente debido a que la Corte Constitucional aceptó una medida cautelar este viernes 20 de diciembre de 2024.

La decisión la tomó una Sala de Admisión de la Corte Constitucional, pues consideró “que existen elementos de gravedad, verosimilitud e inminencia para otorgar la medida cautelar”.

Esto no significa que la Corte se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Únicamente dejó en pausa los efectos de la Ley Antipillos hasta resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, del correísmo.

Dicha demanda fue admitida a trámite y se dispuso un análisis para saber si puede sustanciarse de forma prioritaria.

El lío con la Ley Antipillos

Veloz acudió a la Corte Constitucional debido a que dicha Ley fue promulgada, pese a que la Asamblea la negó y archivó en primer debate, lo que provocó un embrollo jurídico.

A decir de las bancadas de oposición, el archivo en esa etapa es totalmente legítimo. Mientras que el Gobierno sostuvo que un proyecto de ley con el carácter de económico urgente no puede ser archivado en primer debate.

Entre los puntos más resistidos de esta iniciativa está la aplicación de un impuesto de entre el 1,25 % y 5 % para la compra y venta de vehículos de más de USD 50 000. (ECUAVISA)

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