Quito (Pichincha), 10 de enero de 2025.- Fiscalía vinculó a cuatro personas naturales y siete jurídicas a la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos, en una investigación que involucra a una estructura criminal que habría ingresado cerca de 36’000.000 de dólares al sistema financiero nacional, de manera inusual e injustificada.
Durante la audiencia de vinculación, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explicó que los implicados serían parte de un grupo dedicado a la captación ilegal de dinero, que –a través de la simulación de negocios digitales de trading y criptoactivos– se habrían beneficiado de activos adquiridos con fondos ilícitos.
Como parte del esquema para ocultar el lavado de dinero, los investigados habrían creado varias empresas que sirvieron para justificar los ingresos ilegales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, con la fachada de empresas legales para atraer nuevos “inversionistas”.
En la audiencia, Fiscalía presentó 135 elementos de convicción, entre estos: una pericia de perfilación criminal, que evidenció el cumplimiento de roles específicos dentro del grupo delictivo, y una pericia en derecho, que mostró irregularidades en los contratos y documentos financieros involucrados.
Al finalizar la diligencia, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para tres de los vinculados y medidas alternativas para un cuarto implicado. También dispuso la intervención de las siete personas jurídicas y la suspensión temporal de las mismas por parte del ente público de control correspondiente.
La resolución incluye la incautación de un departamento valorado en 330.000 dólares y cuatro vehículos de alta gama. También se impuso la prohibición de enajenar bienes por un monto total de 8’000.000 de dólares.
Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
Otros procesados
En octubre de 2024, Fiscalía formuló cargos contra nueve personas más, incluidas las empresas ADN Escuela de Negocios y Blue Services Invtech, tras una investigación que comenzó en febrero de 2023, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Información jurídica
Este caso se procesa conforme al artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena máxima de trece años de prisión (FGE)
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