Guayaquil (Guayas), 15 de enero de 2025.- La tarde del lunes 13 de enero, Jadira B. U., asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, fue víctima de un presunto secuestro en el norte de Guayaquil. Según la denuncia, al salir de un centro comercial y abordar un taxi, el conductor habría permitido que cuatro personas armadas ingresaran al vehículo. Los agresores –presuntamente– despojaron a la víctima de sus pertenencias y la llevaron con rumbo incierto.
La mujer logró comunicarse con su esposo, quien escuchó lo que ocurría y dio aviso a la Policía Nacional. Esto permitió que se desplegara un operativo de localización y captura de los agresores, utilizando el rastreo del teléfono celular de la asambleísta.
Los hechos
Alans E. M., Johan N. C., Alberto M. O. y José Ch. C., ahora procesados y presuntos responsables, habrían agredido verbal y físicamente a la mujer durante el traslado. Presuntamente la golpearon en el rostro y la cabeza, además de aplicarle descargas eléctricas en el cuello. Después, le quitaron su celular, joyas, dinero en efectivo y tarjetas de crédito, con las cuales se hicieron transferencias bancarias a una cuenta de uno de los implicados.
La Policía detuvo a los agresores y rescató a la víctima a la altura del Centro Cívico de Guayaquil. Los presuntos secuestradores fueron aprehendidos en flagrancia y trasladados, junto con las evidencias, a la Unidad Judicial Cuartel Modelo. La asambleísta fue atendida en una casa de salud, donde se practicaron las pericias médicas correspondientes.
Formulación de cargos
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó varios elementos de convicción, entre ellos: el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, las evidencias encontradas, la denuncia de la perjudicada, entre otros.
El Juez de Garantías Penales del caso acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los cuatro procesados. Además, otorgó a la víctima medidas de protección conforme al artículo 558 –numerales 2, 3 y 4– del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluyen: prohibición de los procesados de acercarse a la víctima, prohibición de cometer actos de intimidación directa o indirecta, y la extensión de una boleta de auxilio.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 161 del COIP, que sanciona el delito de secuestro con penas privativas de libertad de cinco a siete años. (FGE)
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