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Dos procesados por transportar 1.125 bloques de clorhidrato de cocaína

San Cristóbal (Galápagos), 18 de julio de 2023.- Fiscalía procesó a dos personas que fueron aprehendidas el 16 de julio. Transportaban –al interior de una embarcación– más de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

Una Jueza dictó prisión preventiva contra los ciudadanos Manuel de los Reyes M. Z. y José Dionicio R. L., y dispuso de treinta días para el cierre de la instrucción fiscal.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía explicó que los ahora procesados fueron aprehendidos con 25 bultos que contenían 1.125 bloques tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína, en un operativo ejecutado por la Armada Nacional, a 155 millas náuticas de San Cristóbal, en Galápagos.

Como principales elementos de convicción se presentó el parte de aprehensión elaborado por la Policía Antinarcóticos, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga (1.288 kilos de alcaloide).

Además, el informe de una embarcación pesquera junto a dos motores fuera de borda que fueron incautadas, entre otras evidencias que fueron ingresadas en cadena de custodia.

El hecho investigado ocurrió cuando agentes control y vigilancia marítima de espacios acuáticos, la tarde del sábado 15 de julio, detuvieron a una lancha pesquera de fibra de vidrio, con dos motores fuera de borda y con dos ocupantes a bordo, para realizar una inspección física

Una vez ejecutada la inspección se encontraron la mercadería ilegal, además de un teléfono satelital, una sonoboya (receptor acústico y radiotransmisor), un GPS, 15 canecas con combustible y otras evidencias.

Los tripulantes no dieron respuestas por el cargamento ilícito y se acogieron al derecho del silencio.

Información jurídica:

La Fiscalía procesa este caso con base a lo dispuesto en el artículo 220, numeral 1, literal d (gran escala) del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de sustancias sujetas a fiscalización, con pena privativa de libertad de diez a trece años. (FGE)

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