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3 procesados por presuntamente transportar 1,84 toneladas de cocaína

San Cristóbal (Galápagos), 20 de febrero de 2025.- La Fiscalía General del Estado procesa a tres personas aprehendidas en alta mar el pasado 17 de febrero, cuando ‒presuntamente‒ transportaban cerca de 1,84 toneladas de clorhidrato de cocaína a bordo de una embarcación pesquera. El operativo fue ejecutado por la Armada Nacional al norte de San Cristóbal.

Durante un patrullaje marítimo a 122 millas náuticas de San Cristóbal, personal de la Armada interceptó la embarcación pesquera, la cual carecía de identificación y matrícula. Al inspeccionarla, se encontraron los cuarenta bultos con 1.600 bloques presumiblemente de cocaína, así como ocho canecas de combustible y equipos electrónicos de navegación.

Los ocupantes no justificaron la procedencia del cargamento y se acogieron al derecho al silencio, siendo detenidos y trasladados ‒junto con la embarcación‒ al Puerto de San Cristóbal, donde quedaron a disposición de la Policía y Fiscalía.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscal del caso presentó varios elementos de convicción, entre ellos: el parte de aprehensión, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga (que confirmó 1,84 toneladas de cocaína).

También se expuso el acta de ingreso de evidencias recabadas, entre las que constan la embarcación pesquera, tres motores fuera de borda, ocho pomas con combustible, entre otras.

La Jueza de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Guillermo P. C., Luis M. M. y Wilmer A. F., disponiendo su traslado a la Penitenciaría del Litoral. Además, se estableció un plazo de treinta días para el cierre de la instrucción fiscal.

Información jurídica

Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 220, numeral 1, literal d ‒gran escala‒ del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de sustancias sujetas a fiscalización, con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (FGE)

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