Cuenca (Azuay).- En audiencia de apelación, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra tres personas y dos empresas por delincuencia organizada, en concurso ideal de infracciones con los delitos de estafa y tráfico ilícito de migrantes.
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay acogió el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y dictó diez años de prisión contra Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., así como para las empresas American Resident y AR Agencia de Reubicación. Mientras que Daniel Alfonso M., considerado colaborador de la organización, recibió siete años de prisión.
Como medida de reparación integral los sentenciados deberán pagar 144.926 dólares a las 9 víctimas que testificaron en el juicio. También se ordenó la extinción de las empresas involucradas.
El caso ‘American Resident’
Entre diciembre de 2019 y agosto de 2022, en Cuenca, operó una red delictiva liderada por Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., quienes crearon las empresas American Resident y AR Agencia de Reubicación para engañar a personas interesadas en obtener visas de trabajo para Estados Unidos.
A través de redes sociales y publicidad en televisión, captaban a las víctimas y las citaban en sus oficinas en Cuenca, donde ofrecían empleo con sueldos de 12 a 50 dólares por hora, a cambio de pagos que oscilaban entre 12.000 y 20.000 dólares.
Los afectados debían pagar hasta el 50% del monto inicialmente, además de 2.000 dólares adicionales por supuestos cursos de capacitación en áreas como fileteado de pescado, cosmetología, albañilería, entre otras, que serían en las que supuestamente iban a laborar. También les exigían exámenes médicos, previo al viaje. Cumplir estos requisitos, tenía el propósito de aparentar la legalidad de sus actuaciones.
Cuando las víctimas exigían avances en sus trámites, eran llamadas a firmar contratos de trabajo falsos. En esta fase de la negociación los perjudicados debían entregar otro porcentaje de dinero. Algunos afectados fueron enviados a entrevistas en el Consulado de Estados Unidos en Quito sin la documentación adecuada, lo que resultó en el rechazo de sus visas. A otros se les aseguró que sus visas les llegarían directamente en un sobre, el cual debían abrir cuando estén en el aeropuerto.
Daniel Alfonso M. acusado como colaborador, cumplía el rol de capacitador y otorgaba certificados falsos de trabajo a los perjudicados. Además, hacían los eventos de clausura de los cursos en su restaurante así como las despedidas de las víctimas que apartemente estaban listas para viajar.
Pruebas presentadas
Durante la audiencia de apelación, Fiscalía presentó nuevamente las pruebas que evidenciaron la estafa, entre ellos: testimonios de agentes investigadores, exempleados de American Residen y más de veinte víctimas. Asimismo, se presentó la versión del perito contable que determinó un perjuicio económico de 1´209.943 dólares a noventa y un víctimas, el testimonio de la perita que analizó 273 contratos y confirmó que ninguno se cumplió,
Entre las pruebas documentales constan 279 carpetas con documentación de las víctimas, documentación de la asistencia de investigaciones de la Embajada de Estados Unidos, informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el listado de pasaportes de las víctimas.
Concepción Magdalena U. también está llamada a juicio, pero el proceso en su contra está suspendido por encontrarse prófuga.
Información jurídica
Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V. enfrentan cuarenta y nueve investigaciones previas en la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano de Cuenca, además de tres procesos cerrados en instrucción fiscal y otro en el que ya fueron llamados a juicio.
Fiscalía ha obtenido dos sentencias condenatorias previas contra Gladys Irene Ch. por estafa, con penas de siete y cinco años de prisión. (FGE)
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