Pichincha (Quito), 08 de mayo de 2025.- Luego de casi dos meses de audiencia, la Jueza Anticorrupción a cargo de la causa acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado y dictó auto de llamamiento a juicio contra:
- Diego Iván J. T., exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE),
- Édgar Francisco J. T.,
- Roberto Carlos Z. C.,
- Ángel J. T.,
- Marcial J. T., y
- Fabiola T. R. (madre de los dos últimos),
por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La decisión incluye el llamamiento a juicio de dos personas jurídicas: “Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios Cía. Ltda.” y “CAMBIOSCORP S. A.”.
La Jueza ratificó, además, las medidas cautelares de prisión preventiva para Diego Iván J. T., Édgar Francisco J. T. y Ángel J. T., así como la incautación de bienes muebles e inmuebles identificados durante el período investigado.
Como medidas de carácter real, ordenó: la incautación de los bienes inmuebles identificados en el dictamen fiscal, que deberán cubrir un monto equivalente al triple del presunto perjuicio (monto que se presume lavaron); la prohibición de transferir acciones de la empresa “Edgar F. Jácome Cía. Ltda.”, la prohibición de enajenar los 1.900 euros incautados en los allanamientos de julio 2024 y la retención de cuentas bancarias vinculadas a los procesados.
Fundamentos de la acusación
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscal que lleva el caso, de la Unidad Antilavado de Activos, sustentó su dictamen acusatorio con 258 elementos de convicción recabados en la etapa de instrucción fiscal. Estos evidenciarían la presunta participación de los procesados en el delito de lavado de activos y en otros tipos penales, como estafa, captación ilegal de dinero y tráfico de influencias, entre otros.
Entre los elementos más relevantes se incluyen: veinte pericias (entre ellas, de identificación morfológica y de voz), treinta y tres versiones, y ochenta y tres documentos emitidos por instituciones públicas. El análisis determinó un monto aproximado de 6’961.175,61 dólares correspondiente al presunto lavado de activos.
Origen del caso
La investigación se inició luego de la recepción de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), que advertía movimientos financieros atípicos en cuentas vinculadas a familiares del exfuncionario de la UAFE, Diego Iván J. T., quien llegó a ocupar altos cargos dentro de esta entidad, incluida la Dirección General.
Con base en ese informe, Fiscalía solicitó autorizaciones judiciales para aplicar técnicas especiales de investigación, como vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas, con apoyo de la Unidad Policial Undecof.
Esquema familiar
La red habría operado desde 2016 mediante la creación de empresas fachada dedicadas a transferencias de remesas de dinero. Entre ellas constan “Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios Cía. Ltda.” –en la que Édgar Francisco J. T. figura como accionista del 99%– y “CAMBIOSCORP S. A.”, cuya creación habría tenido como fin disimular el origen ilícito del dinero.
Los fondos, provenientes principalmente de Venezuela, Colombia y Perú, eran depositados en cuentas personales y empresariales de los procesados.
Cada miembro del grupo familiar cumplía roles específicos: desde contabilidad y representación legal hasta acciones internas dentro de la UAFE para evitar controles y análisis financieros. Las interceptaciones telefónicas revelaron –incluso– presuntos planes para destruir evidencia.
Información jurídica
Este caso se procesa por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años. (FGE)
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