Jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales están bajo la mira de instituciones.
El viernes 13 de junio, el Gobierno anunció que el Ministerio del Interior y la UAFE analizarán los patrimonios y licitud de los fondos de jueces y fiscales que liberen a procesados por asesinatos, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el crimen organizado. También evaluarán los movimientos bancarios de sus familiares.
Contraloría halló irregularidades
La Contraloría ya auditó y encontró anomalías. Los informes con indicios de responsabilidad penal fueron enviados a la Fiscalía.
Desde noviembre de 2023, realizó 139 exámenes especiales a los patrimonios de jueces y servidores judiciales y 21 a fiscales. 59 de ellos presentaron irregularidades. Por reservas legales, la Contraloría no dio montos ni otros detalles.
Otros 52 exámenes especiales están en marcha, en este caso 19 son dirigidos a los patrimonios de los fiscales.
Para elegir los patrimonios a revisar, la Contraloría se basó en denuncias particulares, requerimientos de la Asamblea, e información de los medios de comunicación.
Tentáculos de la mafia llegaron a la justicia
Parte de la justicia ha sido cooptada por el crimen organizado y lo evidenciaron los casos Metástasis, Purga y Plaga, que terminaron en sentencias y sanciones disciplinarias de 26 servidores judiciales, según el Consejo de la Judicatura.
En 2024 se destituyó, en total, a 102 servidores judiciales, aunque fueron 614 los expedientes abiertos ese año. (ECUAVISA)
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