La Libertad (Santa Elena), 24 de junio de 2025.- Cinco sospechosos, actualmente en prisión preventiva, habrían mantenido en cautiverio a un comerciante durante siete días. Para liberarlo con vida, sus captores recibieron un pago de 1.025 dólares, según los familiares de la víctima.
Por estos hechos, la Fiscalía de La Libertad inició una instrucción fiscal de treinta días por secuestro extorsivo, contra Jair Alfredo F. M. (privado de libertad), Marcos Antonio P. E., Jorge C. M., Shirley M. V. y un adolescente de 17 años, procesado ante el Juez de la Unidad de Justicia Juvenil que conoció la causa.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso relató que el secuestro ocurrió el 12 de junio de 2025, cuando la víctima viajaba de la Libertad a Guayaquil para concretar un préstamo con una persona a la que había contactado por redes sociales.
La denuncia presentada por un familiar de la víctima indica que, en los días siguientes, recibió mensajes de texto con amenazas, en los que se exigía el pago de 30.000 dólares por su liberación. De no hacerlo –relató el denunciante–, se atentaría contra su vida. Los mensajes incluyeron fotografías de la víctima y del automotor en el que se transportaba.
Junto con los mensajes extorsivos, se remitió un número de cuenta bancaria para depositar el dinero exigido.
La víctima fue liberada el 18 de junio, luego de que los presuntos secuestradores recibieran una transferencia de 525 dólares y un depósito de 500 dólares, tras varios días de presión, amenazas e insistencia.
Fue localizada en la vía que conduce a Guayaquil y asistida por personal médico y policial. La denuncia fue presentada el 19 de junio.
Los procesados pertenecerían al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Lagartos”. El rastreo del titular de la cuenta bancaria permitió identificar a uno de los sospechosos. Otro de ellos fue aprehendido mientras conducía el vehículo de la víctima. Este último habría colaborado con información que facilitó la ubicación del resto de integrantes del grupo delictivo en una hacienda situada en la vía Progreso, así como de un privado de libertad señalado –según la Policía– como presunto autor intelectual del hecho.
Al considerar el secuestro como un delito permanente, la Jueza que dirigió la diligencia dictó medidas de protección a favor de la víctima, de conformidad con el artículo 558, numerales 3 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre estas se incluyen el no acercamiento de los procesados a la víctima y a sus familiares, así como la prohibición de efectuar actos de persecución e intimidación.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 162, numeral 4, del COIP, que sanciona el delito de secuestro extorsivo con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años de prisión. (FGE)
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