La red de corrupción de Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, reclutó a ocho funcionarios públicos de cuatro instituciones del Estado para concretar contratos irregulares. Así lo determinaron las investigaciones que permitieron sentenciar a 17 personas.
El operativo en contra de la estructura criminal de alias Negro Tulio se ejecutó en agosto de 2024 en Durán, Guayas. Este lunes 30 de junio, un tribunal sentenció a 17 personas por el delito de delincuencia organizada. Ocho de ellos eran funcionarios municipales.
Los investigadores analizaron 190 audios y extrajeron información de 35 teléfonos celulares incautados.
Las pericias revelaron que el Municipio, el Cuerpo de Bomberos, la Agencia de Tránsito e incluso el Registro de la Propiedad de Durán fueron infiltrados por la red.
Estaba encabezada por Negro Tulio y su esposa, Alexandra Estrada Aquiño, quienes coordinaban las operaciones criminales con otras 15 personas, entre ellas los funcionarios públicos que, según la tesis de la Policía, manipulaban contratos, presionaban a los responsables de los pagos y facilitaban el lavado de activos.
Uno de los casos más evidentes es el de la empresa Arkhe Proyectos y Construcciones S.A.S., cuya accionista principal es la esposa de Negro Tulio. El 24 de mayo de 2024, esta empresa recibió un contrato por USD 189 621 para la regeneración de un parque en la cooperativa 28 de Agosto, en el sector El Recreo. La obra nunca se ejecutó.
Otro contrato investigado fue el del Cuerpo de Bomberos, que el 25 de enero de 2024 adjudicó a Ashley Baux, de apenas 20 años, por USD 71 483 para el mantenimiento y readecuación de cuarteles.
En las grabaciones telefónicas se revela que se pedía poner material de mala calidad para que siguieran otorgando contratos.
En total, cuatro empresas estuvieron bajo la lupa: ofrecían servicios de mantenimiento vial, señalética, reconstrucción de parques y transporte. La investigación concluyó que todas estaban relacionadas directa o indirectamente con familiares o testaferros de alias Negro Tulio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) retiró la acusación a dos funcionarias del Registro de la Propiedad. Según las grabaciones policiales, una de ellas no asistía a trabajar y mantenía contacto directo con ‘Negro Tulio’. La otra usaba su cargo para verificar terrenos en proceso de legalización y facilitar que la organización delictiva los tomara por la fuerza. (ECUAVISA)
Mas noticias
Asesinato de Fernando Villavicencio | Fiscalía formulará cargos contra Aleaga, Jordán, Salcedo y Serrano
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐲 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
Presunta responsable de asesinato es llamada a juicio