Caso Fragoneri | Fiscalía allana inmuebles en Guayas y El Oro por investigación ligada a Triple A

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este viernes 4 de julio de 11 allanamientos en Guayaquil, Samborondón, Daule, Lomas de Sargentillo y Machala por un caso de presunto comercio ilegal de combustible subsidiado, que estaría ligado con el caso Triple A.

“Esta madrugada, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron allanamientos en Guayas y El Oro, en oficinas y domicilios de los accionistas y exaccionistas de la Comercializadora Industrial Fragoneri”, indicó la FGE en la red social X.

#ATENCIÓN | Esta madrugada, en el marco de una investigación por presunta #DelincuenciaOrganizada, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutaron allanamientos en #Guayas y #ElOro, en oficinas y domicilios de los accionistas y exaccionistas de la Comercializadora Industrial Fragoneri. pic.twitter.com/CrHdLgRANn

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 4, 2025

El caso se conoció en noviembre de 2024. Entonces, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) presentó una denuncia ante la FGE porque Fragoneri S. A. estaba vendiendo posiblemente diésel subsidiado a clientes que no había reportado ante la ARCH.

En ese mismo mes, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, explicó en un video que los principales implicados en este caso eran César Emilio Bravo Ibáñez, un exviceministro de Hidrocarburos en 2017, que hoy se desempeña como coordinador en el Municipio de Guayaquil; y José Franco Magallanes, quien fue gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) hasta julio de 2024. Ellos constituyeron la Comercializadora Industrial Fragoneri S. A. mediante familiares, de acuerdo a Neira.

Bravo y Magallanes también fueron funcionarios de la ARCH por varios años.

Según consta en la Superintendencia de Compañías, Bravo ha figurado como gerente de Fragoneri S. A., pero hoy consta como liquidador de la empresa.

La denuncia presentada por la ARCH el año pasado también involucra a las esposas y suegras de Bravo y Magallanes, además de ocho personas.

La ley obliga a las comercializadoras de combustibles a registrar sus consumidores finales ante la ARCH. Fragoneri registró 48 consumidores finales, pero reportó ventas de diésel a 53.

Este viernes 4 de julio, la Fiscalía señaló que en este caso también se habían identificado “presuntas transacciones con empresas vinculadas al caso Triple A”, una investigación penal en la que está siendo procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, 15 personas más y seis empresas por el presunto delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos y por el que podría ser sentenciado hasta con cinco años de prisión. (ECUAVISA)